En el contexto de la reciente declaración de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano Fernández Montes, directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), se han centrado las miradas en la gestión laboral en entornos académicos y las implicaciones de ciertas contrataciones en instituciones que, en teoría, deben operar con un alto grado de transparencia y ética. La declaración se produjo en el marco de un procedimiento judicial que investiga irregularidades en la contratación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante su intervención, Gil de Antuñano confirmó que fue ella quien preparó el contrato de trabajo de Gómez, que se formalizó en agosto de 2018. La testigo afirmó que su relación con la contratada fue puramente profesional, y que no tuvo contacto directo con ella en el proceso de firma del contrato. Este aspecto ha generado interrogantes sobre los procedimientos de selección y control de personal en instituciones que, por su naturaleza, deberían estar sometidas a un riguroso escrutinio.
Aspectos clave de la declaración
Gil de Antuñano enfatizó que, en su rol como ‘compliance officer’, su responsabilidad era asegurar que todos los contratos cumplían con la legislación vigente. Sin embargo, su declaración dejó entrever una falta de control efectivo sobre las horas trabajadas por los directivos, lo que plantea dudas sobre la supervisión en puestos de alta dirección. Al ser cuestionada sobre si existía un control de las horas trabajadas, respondió que «no había un control de las horas» en los puestos directivos, lo que sugiere una laxitud en la supervisión que podría abrir la puerta a abusos.
A lo largo de su testimonio, se hizo evidente que el ambiente laboral en el IE no se rige por las mismas normas estrictas que se esperarían en cualquier organización de su calibre. Gil de Antuñano indicó que el cumplimiento de las obligaciones contractuales se mide por resultados, lo que podría interpretarse como una invitación a una interpretación flexible de las responsabilidades laborales.
Además, al abordar el tema de la cláusula de conflicto de interés que se firmó en el contrato de Begoña Gómez, la testigo confirmó que dicha cláusula fue una medida de prevención ante posibles irregularidades, especialmente teniendo en cuenta la prominente posición de su esposo en el Gobierno. Este hecho resalta una preocupación latente entre los ciudadanos sobre la relación entre política y gestión pública, un tema que ha suscitado críticas hacia la actual administración.
La falta de transparencia en las contrataciones y la gestión de recursos humanos en instituciones de renombre como el IE son señales de alarma que deberían ser atendidas con urgencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer la forma en que se manejan los recursos públicos y a exigir un nivel de responsabilidad que garantice la integridad de las instituciones. La gestión adecuada y ética de los recursos públicos es un pilar fundamental en cualquier democracia, y es esencial que se mantenga un control riguroso sobre estas prácticas para evitar que se repitan situaciones que atenten contra la confianza pública.
