La jueza que investiga a los tres mossos que presuntamente colaboraron en la huida del expresidente Carles Puigdemont durante la investidura de Salvador Illa ha tomado decisiones que han suscitado cierta controversia. En particular, ha rechazado citar a declarar a la cúpula de la policía de la Generalitat, encabezada por el comisario jefe Eduard Sallent, así como a otros policías que participaron en el dispositivo de seguridad aquel día. Este hecho plantea interrogantes sobre la transparencia y la exhaustividad de la investigación en un caso que ha marcado la política catalana y, por ende, la española.
La investigación ha acumulado los casos de los tres agentes acusados de presunto encubrimiento, aunque hasta ahora solo uno de ellos ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona. Este agente, identificado como Jordi R., se ha acogido a su derecho a no declarar, una decisión respaldada por sus abogados, quienes han argumentado que la jueza denegó pruebas solicitadas que podrían haber aclarado su situación. Este tipo de decisiones judiciales no hacen más que alimentar la desconfianza hacia los procesos que involucran a instituciones estatales y autonómicas, especialmente en un contexto donde la separación de poderes es fundamental.
Detalles del Caso y Contexto Político
El mosso que se ha personado en el juzgado es considerado el titular del vehículo en el que se montó Puigdemont tras su aparición en el Arc de Triomf. Su defensa sostiene que no se ha cometido delito alguno, ya que la supuesta acción de encubrimiento no se contempla en la malversación de fondos, cargo por el que está enjuiciado Puigdemont. Este argumento pone de manifiesto las complejidades legales que rodean un caso lleno de matices políticos, donde la legalidad parece, a menudo, estar supeditada a la voluntad política.
Por otro lado, no se ha acumulado a esta causa ninguna denuncia de Alvise Pérez ni la deducción de testimonio del juez instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Este último ha señalado que las razones esgrimidas en los informes de los Mossos d’Esquadra y del Ministerio del Interior sobre por qué Puigdemont no fue detenido son preocupantes. Estos informes sugieren que hubo una falta de acción en un momento crítico, lo que podría implicar que no solo los mossos, sino también otros responsables, han fallado en su deber de perseguir delitos.
La providencia de Llarena destaca que los informes aportan una explicación detallada de las circunstancias que rodearon la aparición del procesado en Barcelona, así como las razones por las que no se pudo llevar a cabo su detención. Sin embargo, el magistrado también ha subrayado que, pese a las dificultades descritas, no existieron impedimentos para que se abordara la detección de Puigdemont. Esto pone de relieve una realidad inquietante: la posibilidad de que intereses políticos puedan haber influido en la actuación de las fuerzas de seguridad, un hecho que, de confirmarse, sería un grave atentado contra el Estado de Derecho.
