La declaración testifical de Juan José Güemes, exvicepresidente económico del Instituto de Empresa, ha suscitado un intenso debate tras su intervención en el caso relacionado con la contratación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La sesión, que tuvo lugar bajo la supervisión del juez Juan Carlos Peinado, se centró en las circunstancias que rodearon la incorporación de Gómez al IE África Center en agosto de 2018.
El inicio de la declaración fue tenso. Apenas comenzó a hablar, el juez Peinado recalcó que Güemes tenía la obligación de decir la verdad, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias legales de un falso testimonio. Esta admonición, como se reveló más tarde, parecía presagiar la complejidad del interrogatorio que seguiría.
Interrogatorio y tensiones en el tribunal
Durante los breves nueve minutos que duró su declaración, el juez dirigió una serie de preguntas que, en ocasiones, parecían buscar respuestas más allá de las que Güemes podía proporcionar. Cuando este intentó explicar el proceso de selección que llevó a la contratación de Gómez, el juez lo interrumpió, exigiendo respuestas más concretas y directas.
Un momento clave se produjo cuando el juez cuestionó a Güemes sobre las credenciales profesionales de Begoña Gómez. A pesar de que Güemes mencionó su curriculum, el juez, visiblemente escéptico, le pidió una copia. La respuesta de Güemes fue clara: no conservaba dicho documento, lo que generó aún más desconfianza en el tribunal.
La tensión aumentó cuando el juez hizo referencia a un testimonio anterior de la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, quien había afirmado que Güemes fue quien dio instrucciones para formalizar el contrato de Gómez, indicando que había una «motivación» relacionada con su relación familiar con el presidente del Gobierno. Güemes rechazó esta afirmación, insistiendo en que Gómez no había sido contratada por su conexión política.
El juez, en un giro sorprendente, sugirió que la declaración de Gil de Antuñano podría haber sido falsa y planteó la posibilidad de una diligencia de careo, algo que normalmente es decidido unilateralmente por el juez. Este tipo de interrogatorio, que tiende a ser excepcional, generó inquietud sobre el enfoque del juez, que parecía más interesado en establecer una contradicción que en esclarecer los hechos.
Finalmente, tras una serie de interacciones tensas, el juez decidió suspender la declaración de Güemes, sugiriendo que su condición podría cambiar de testigo a imputado. Este desenlace plantea interrogantes sobre la dirección del proceso judicial y las motivaciones detrás del mismo.
Es relevante señalar que, en una declaración posterior, Gil de Antuñano confirmó que se había incluido una cláusula de conflicto de interés en el contrato de Gómez, lo que podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la singularidad de la contratación. Sin embargo, también deja abierta la pregunta sobre si dicha cláusula fue una medida cautelar o un indicador de una contratación motivada por la relación familiar de Gómez con el presidente.
En resumen, la declaración de Güemes ha desatado una serie de interrogantes sobre la naturaleza de la contratación de Begoña Gómez y las implicaciones que esta puede tener en el contexto político y judicial actual. El caso continúa evolucionando, y la atención se centra ahora en cómo se desarrollarán las próximas etapas del proceso.
