La Audiencia Nacional se encuentra en el centro de la controversia en torno al caso Koldo, donde el juez Ismael Moreno ha tomado decisiones significativas respecto a la citación de testigos clave. Aunque no se ha considerado pertinente llamar a declarar por el momento a la empresaria María del Carmen Pano, el magistrado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine los dispositivos digitales intervenidos para verificar si existe evidencia que confirme las afirmaciones de Pano sobre la entrega de dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.
La citación de Pano y su hija, Leonor María González Pano, fue requerida por las acusaciones populares, representadas por Iustitia Europa y el Partido Popular. La vinculación de la hija con el caso se refiere a la adquisición de un inmueble en La Alcaidesa, Cádiz, que se relaciona con el exministro José Luis Ábalos a través del presunto nexo corruptor Víctor de Aldama.
Investigación en curso
La madre, María del Carmen Pano, ha sido solicitada como testigo tras afirmar en un medio digital que entregó 90.000 euros en la sede socialista por orden de Víctor de Aldama, con el fin de que la empresa Villafuel obtuviera una licencia de operador de hidrocarburos. Esta declaración ha llevado a la fiscalía a señalar que sus afirmaciones contradicen el contenido de un informe de la UCO, el cual ya presenta evidencias digitales sobre su implicación en el caso.
El juez ha enfatizado la necesidad de que la UCO examine la información digital para determinar si se puede corroborar lo declarado por Pano, antes de decidir si debe ser llamada a declarar. En este contexto, el PSOE ha logrado personarse como acusación popular, lo que ha sido objeto de impugnación por otras organizaciones que también ejercen la acción popular. Los socialistas argumentan que, si las afirmaciones de Pano fueran ciertas, su declaración solo podría realizarse en calidad de imputada, ya que implicarían la aceptación de un delito de cohecho.
En otro ámbito del caso, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha desestimado los recursos presentados por las acusaciones que buscaban participar en los interrogatorios, los cuales están siendo realizados bajo la representación legal del Partido Popular. Esta decisión limita la asistencia a las diligencias a un único abogado, lo que ha generado críticas entre los otros actores involucrados en el proceso.
