La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha cerrado la investigación sobre la presunta trama rusa relacionada con el procés, al anular la apertura de una pieza separada que había sido autorizada por el juez Joaquín Aguirre. Esta decisión permitió que la causa contra varios líderes independentistas, incluidos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, fuera enviada al Tribunal Supremo. Según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los magistrados han argumentado que Aguirre utilizó un «subterfugio procesal» para ignorar las instrucciones claras del tribunal, que ya había anulado la prórroga para continuar investigando el caso Voloh, el cual también examinaba los contactos entre supuestos emisarios del Kremlin y Puigdemont.
La Audiencia ha subrayado que la decisión del juez Aguirre era de «obligado cumplimiento» y no permitía «soluciones alternativas» no contempladas por la ley, lo que se consideró un «fraude de ley». Los magistrados han calificado el auto del juez como un «claro y flagrante incumplimiento» de lo acordado anteriormente y han señalado que vulnera derechos fundamentales, resultando en la nulidad de todas las actuaciones derivadas de dicha decisión. Como consecuencia, la Audiencia ha remitido la resolución al Tribunal Supremo, que queda impedido para continuar con las pesquisas.
La Audiencia de Barcelona ha aceptado los recursos presentados por el abogado Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont, así como por otros investigados, entre ellos el empresario Miquel Casals, la exdirigente de Junts, Elsa Artadi, y el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. También se han adherido al recurso el periodista Carles Porta y el expresident Artur Mas, quienes formaban parte de los 13 investigados en esta trama.
Críticas a la actuación del juez Aguirre
Los magistrados han censurado al juez Aguirre por las «consideraciones generales vertidas» en su resolución, que abordan temas como la guerra híbrida y la injerencia rusa, además de citar informes y opiniones personales que, según el tribunal, carecen de relevancia jurídica. Este tipo de divagaciones sobre cuestiones políticas, filosóficas y biográficas de los investigados no aportan valor a los efectos penales que se pretendían perseguir.
Asimismo, la Audiencia ha remarcado que los hechos investigados sobre la trama rusa son coincidentes con los del caso Voloh, los cuales se originaron a raíz de la intervención de los teléfonos móviles de Víctor Terradellas y la documentación obtenida en la sede de la Fundación Catmon, en mayo de 2018. Este caso investiga aspectos relacionados con criptomonedas y los contactos entre individuos rusos y miembros del gobierno de la Generalitat de Cataluña, así como los viajes de Terradellas a Rusia entre 2017 y 2018.
El informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que propició el envío de la causa al Supremo, afirmaba que en esta supuesta trama existía «una estructura organizada» en la que Puigdemont ocupaba una posición central, con diferentes niveles de participación de casi una veintena de personas. Su objetivo era buscar el reconocimiento de la Federación Rusa para lograr la independencia de Cataluña de manera unilateral, manteniendo contactos con ciudadanos rusos.
