José Luis Ábalos, exministro de Transportes, se encuentra en el centro de una polémica tras iniciar su contrasumario mientras el Congreso se apresta a aprobar un suplicatorio que levantaría su aforamiento. En una declaración realizada este jueves ante la fiscalía, Ábalos ha denunciado lo que considera una investigación ilegal por parte de la Guardia Civil, argumentando que carecían de permiso judicial para actuar en su contra, dado su estatus de aforado.
La denuncia de Ábalos se centra en una serie de hechos que, según él, demuestran la irregularidad del proceso judicial en su contra. En su declaración, el exministro expone que los investigadores estaban al tanto de una entrega de documentación que él iba a recibir de D. Koldo García Izaguirre, quien había obtenido esta información del entonces subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, D. Jesús Manuel Gómez García.
Según Ábalos, el pasado 4 de noviembre de 2023, D. Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, se dirigió a su domicilio en Valencia para recoger dicha documentación. Durante el trayecto, la Guardia Civil llevó a cabo un control sobre el vehículo de Joseba, donde localizaron un sobre que contenía documentos dirigidos a Ábalos y que estaban sellados oficialmente por el Ministerio de Transportes.
Los documentos encontrados incluyen:
- Documento 1: Resolución 2-2022 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno relativa a reclamaciones sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.
- Documento 2: Informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de contratos de emergencia celebrados en 2020 debido a la crisis sanitaria.
- Documento 3: Respuesta del Ministerio de Transportes a la resolución 2-2022 del Consejo de Transparencia, firmada por la directora general del MITMA.
Ábalos sostiene que la apertura del sobre y la inspección de su correspondencia constituyen una violación de sus derechos fundamentales, ya que, según él, la Constitución y la ley procesal protegen la correspondencia privada de los aforados. En sus palabras, «la gravedad de estos hechos es porque es una investigación realizada a un aforado vulnerando un derecho fundamental».
Petición de diligencias a la Fiscalía
Ante esta situación, Ábalos ha solicitado al Fiscal General del Estado que se realicen diversas diligencias para esclarecer los hechos denunciados. Entre las solicitudes se incluyen la intervención telefónica a Koldo García Izaguirre y un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre las instituciones y la complejidad del proceso judicial en España, especialmente en lo que respecta a los derechos de los aforados. La resolución de esta situación no solo afectará a Ábalos, sino que también tendrá repercusiones sobre la percepción pública de las prácticas de investigación de la Guardia Civil y el respeto a los derechos fundamentales en el marco legal español.
