El Buró de Seguridad Económica de Ucrania (ESBU) ha iniciado una serie de redadas en los hogares de modelos registrados en la plataforma ‘OnlyFans’, como parte de una campaña más amplia de control fiscal en la industria del entretenimiento para adultos. Esta operación ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad y la ética de las acciones del gobierno ucraniano.
Según un informe de Ekonomicheskaya Pravda, el pasado mes de septiembre, un tribunal de distrito en Kiev otorgó a las autoridades fiscales acceso a los datos personales de los ciudadanos ucranianos registrados como creadores en OnlyFans, un sitio web de suscripción conocido por su contenido explícito. Esta información incluye nombres, fechas de nacimiento y datos fiscales, lo que ha llevado a las autoridades a visitar a los creadores con órdenes de registro, acusándolos de fraude fiscal a gran escala.
A pesar de que muchos de estos creadores ya habían declarado sus ingresos y presentado sus declaraciones fiscales, las redadas han sido criticadas por abogados y expertos. La abogada Lesya Mikhaylenko ha denunciado que las órdenes de registro se basan en “información ficticia”, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad de las acusaciones.
Un contexto de hipocresía fiscal
La controversia se intensifica en un contexto donde la producción, distribución y venta de pornografía es ilegal en Ucrania desde 2009, aunque la aplicación de esta ley ha sido inconsistente. En este sentido, el presidente del Comité de Impuestos, Daniel Getmantsev, ha calificado las acciones del ESBU como un “festival de hipocresía”, señalando que los creadores de OnlyFans han contribuido con aproximadamente 59 millones de grivnas (1.59 millones de dólares) al presupuesto nacional. Esta situación refleja una contradicción en la política fiscal del país, donde se penaliza a quienes intentan regularizar su situación tributaria.
Además, el año pasado, el diputado Yaroslav Zhelezniak anunció la presentación de un proyecto de ley parlamentario destinado a despenalizar la producción de contenido pornográfico, lo que indica un cambio potencial en la postura del gobierno hacia esta industria. Sin embargo, las acciones del ESBU parecen contradecir cualquier avance hacia una regulación más clara y justa.
Este episodio en Ucrania pone de relieve las tensiones entre la regulación fiscal y la libertad de expresión, así como la necesidad de un marco legal coherente que respete los derechos de los ciudadanos. En un momento en que muchos países están reconsiderando sus políticas sobre el contenido para adultos, las decisiones de Ucrania parecen ancladas en una lógica de control más que en un verdadero interés por la justicia fiscal.
