La reciente anulación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía ha suscitado un intenso debate sobre la integridad del proceso electoral en el país. Calin Georgescu, candidato independiente y crítico de la OTAN y la Unión Europea, había sorprendido a muchos al obtener el 22,94% de los votos, superando a otros candidatos de la izquierda liberal y demócrata. Sin embargo, la Corte Constitucional rumana ha decidido invalidar estos resultados, alegando irregularidades en la campaña electoral.
Irregularidades en la financiación de la campaña
Una investigación llevada a cabo por las autoridades rumanas ha revelado que la campaña en redes sociales que impulsó la candidatura de Georgescu no fue financiada por Rusia, como se había especulado, sino por el Partido Nacional Liberal (PNL), un partido pro-occidental. Según el medio Snoop, los flujos financieros analizados por la Agencia Tributaria rumana apuntan a que la promoción de Georgescu en plataformas como TikTok fue gestionada por Kensington Communication, una empresa especializada en marketing político.
Las acusaciones iniciales de interferencia rusa en la campaña de Georgescu han sido desmentidas por Moscú, que las califica de «absolutamente infundadas». Sin embargo, la Corte ha tomado en cuenta documentos de inteligencia desclasificados que sugieren que la candidatura de Georgescu fue promovida de manera inapropiada, incluyendo el uso de influencers pagados y grupos extremistas de derecha.
Los informes indican que los influencers recibieron instrucciones para fomentar una «actitud responsable y una elección madura» entre los votantes rumanos, aunque algunos de ellos mencionaron explícitamente a Georgescu en sus comentarios. Un experto involucrado en la investigación ha expresado su sorpresa ante el uso de fondos públicos destinados al PNL para promover a otro candidato, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
Kensington Communication ha declarado que su campaña fue «secuestrada» o «clonada» y ha anunciado su intención de presentar una denuncia penal. Este escándalo ha estallado justo antes de la expiración del mandato del presidente rumano Klaus Iohannis, quien se ha negado a dejar el cargo, invocando la legislación del país.
Georgescu, quien ha sido etiquetado como «pro-ruso» por sus detractores, ha presentado una demanda ante la Corte Suprema para impugnar la anulación de los resultados electorales. Su abogado ha calificado la situación como «una violación flagrante de la constitución» y «un golpe de estado». La primera audiencia está programada para el 23 de diciembre, lo que añade un nuevo capítulo a esta controversia política en Rumanía.
