El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la realización de nuevas diligencias relacionadas con el teléfono móvil del jefe del Ministerio Público. Esta decisión se produce después de que la UCO informara que no se habían encontrado mensajes en los dispositivos de García Ortiz, un hallazgo que ha suscitado inquietud y ha llevado a la apertura de nuevas líneas de investigación.
El instructor del caso, Ángel Hurtado, ha ordenado que se aporten los números y códigos de identificación de los teléfonos asociados a las tarjetas que fueron incautadas durante el registro del despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre. Además, se ha requerido información sobre la titularidad de dichos números. Esta acción se toma tras el análisis del informe pericial realizado por la UCO, que reveló que entre los días 8 y 14 de marzo, fechas clave en la investigación sobre la presunta filtración de información, no existían mensajes en los dispositivos del fiscal general.
En un contexto adicional, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo que interrogue a García Ortiz por el posible delito de prevaricación y que se investigue el borrado de mensajes. La APIF también ha requerido que se aporten los protocolos de borrado de datos de los dispositivos de la Fiscalía, así como un listado de las llamadas entrantes y salientes de los móviles de García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, durante la noche del 13 al 14 de marzo. Esta asociación sostiene que, según el informe de la UCO, la filtración de información podría estar relacionada con acciones del propio García Ortiz, lo que añade una nueva dimensión a la investigación en curso.