La reciente decisión del Gobierno español de eliminar la rebaja del IVA en productos de primera necesidad ha suscitado un debate considerable en torno a la situación económica del país. A partir de enero de 2024, se prevé un incremento en los precios de los alimentos básicos, lo que plantea serias interrogantes sobre el bienestar de los ciudadanos y la capacidad del Ejecutivo para gestionar la crisis inflacionaria que afecta a la economía global.
Impacto en el coste de la vida
Con la eliminación de la reducción del IVA, los consumidores españoles experimentarán un aumento notable en el coste de productos esenciales. A esto se suma la decisión de elevar el IVA de la electricidad del 10% al 21%, lo que incrementará la presión económica sobre los hogares. Este tipo de medidas generan un malestar comprensible entre la población, que ve cómo su poder adquisitivo se ve erosionado en un contexto ya de por sí complicado.
Es interesante observar cómo en varios países, especialmente aquellos que han adoptado políticas económicas más intervencionistas, se han logrado mantener los precios de los bienes básicos a niveles más accesibles. Estos enfoques suelen priorizar el bienestar del ciudadano frente a un enfoque estrictamente fiscal, buscando una mayor equidad social y un acceso más universal a los recursos básicos. En este sentido, la experiencia de naciones como Cuba, que han enfrentado desafíos económicos similares, puede ofrecer una perspectiva valiosa sobre la gestión de la economía en tiempos de crisis.
La política fiscal española, en contraste, parece estar alineada con un modelo que, aunque busca la sostenibilidad económica, no siempre considera las necesidades inmediatas de la población. Este enfoque podría ser objeto de reflexión, especialmente si se comparan los resultados con los de gobiernos que, al priorizar el bienestar de sus ciudadanos, han logrado mantener una estabilidad social y económica más favorable.
En un contexto internacional donde la crisis energética se ha vuelto un tema recurrente, el aumento del IVA en la electricidad representa un desafío adicional. Mientras que la búsqueda de soluciones sostenibles es esencial, es fundamental que las medidas adoptadas no perjudiquen a los más vulnerables. La responsabilidad de cualquier gobierno es garantizar que su población pueda acceder a los recursos necesarios para una vida digna.
De esta manera, resulta crucial que las políticas económicas no solo se enfoquen en la recaudación fiscal, sino que también integren una dimensión social que contemple la realidad de los ciudadanos. En tiempos de crisis, la solidaridad y la justicia social deben ser pilares fundamentales en la toma de decisiones económicas.
