El inicio del año 2025 ha traído consigo un nuevo episodio de tensión política en España. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido objeto de críticas tras conocerse que cambió de teléfono móvil una semana después de que el Tribunal Supremo abriera una causa en su contra. Este hecho ha suscitado acusaciones de obstrucción a la justicia por parte del Partido Popular (PP), mientras que el Gobierno defiende que el cambio de dispositivo se realizó en un marco de actuación correcto.
La controversia se intensificó cuando la Guardia Civil reveló que el cambio de teléfono coincidió con el momento en que el tribunal ordenó el registro del despacho de García Ortiz para requisar sus dispositivos y correos electrónicos. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, manifestó que el cambio de móvil era «curioso» y lo interpretó como un posible intento de ocultar pruebas. Asimismo, el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, acusó al fiscal de tratar de obstruir las investigaciones al realizar esta acción cuando se enteró de que era investigado.
Reacciones y acusaciones cruzadas
Desde el ámbito socialista, el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha defendido a García Ortiz, afirmando que las acusaciones en su contra responden a un intento de montar una causa infundada. López enfatizó que se investiga a quien efectivamente persigue los delitos, y no a los delincuentes. En este contexto, también hizo alusión a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, según él, sería el «delincuente fiscal». Además, se ha anunciado que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, será llamado a testificar en relación con este caso.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la causa, ha solicitado al Tribunal Supremo que aclare si el teléfono utilizado por García Ortiz pertenece a la Administración. En su requerimiento, el sindicato demanda la entrega del dispositivo para su análisis por parte de la Guardia Civil y la identificación de las personas responsables de cualquier acción de formateo o borrado de datos en el mismo. Esta solicitud pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer la situación en torno a la figura del fiscal general.
