Los defensores de la reforma penitenciaria a menudo citan a los países nórdicos como ejemplos de «cómo hacer bien las prisiones». Las bajas tasas de encarcelamiento y el enfoque más humano hacia la reclusión en estos países han sido considerados excepcionales por investigadores y expertos en criminología. Sin embargo, la realidad es más compleja y refleja una evolución en las políticas penales que podría no ser tan positiva como se percibe.
La situación en los países nórdicos
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia e Islandia han diseñado sus sistemas penitenciarios para que la vida en prisión se asemeje lo más posible a la vida fuera de ella. A pesar de ello, estos sistemas no son perfectos y han enfrentado desafíos significativos en los últimos años, incluyendo un aumento en la población carcelaria y una falta de personal que complica la gestión adecuada de las prisiones.
En Noruega, los reclusos tienen derecho a votar y sus necesidades educativas y médicas son atendidas por los mismos profesionales que trabajan en la comunidad. Además, muchos prisiones ofrecen visitas conyugales. Sin embargo, un informe reciente del Defensor del Pueblo noruego ha expresado preocupaciones sobre el aumento de incidentes de autolesión, la falta de personal y el uso extensivo de la confinación solitaria, que ha aumentado 20 veces en los últimos cuatro años.
Finlandia, que en las décadas de 1960 y 1970 tenía la tasa de encarcelamiento más alta de Europa occidental, logró reducirla significativamente gracias a reformas implementadas en los años 90. Sin embargo, la tendencia parece estar revirtiéndose, en parte debido a políticas penales más estrictas. Las prisiones finlandesas, similares a las noruegas, se caracterizan por un diseño que busca ser acogedor, promoviendo que los internos mantengan la conexión con su comunidad. Sin embargo, la sobrepoblación y la falta de personal han llevado a que los prisioneros no reciban el tiempo adecuado fuera de sus celdas ni acceso a actividades significativas.
En Dinamarca, la situación no es diferente. En 2023, las prisiones danesas operaban a un 101.2% de su capacidad, el nivel más alto en 80 años. Esto ha sido resultado de cambios en las leyes que han incrementado las penas para delitos graves. La presión política ha llevado a un enfoque más punitivo, lo que dificulta la implementación de políticas rehabilitadoras. El aumento de la población carcelaria ha coincidido con una disminución del personal, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar tanto de los reclusos como de los funcionarios penitenciarios.
La crisis de personal en Dinamarca es alarmante; en 2023, había un 27% menos de oficiales de prisión en comparación con hace una década. Esto ha forzado a los oficiales calificados a asumir múltiples responsabilidades, lo que limita la posibilidad de ofrecer programas de reinserción efectivos. Además, el aumento de la violencia dentro de las prisiones ha llevado a una preocupante tasa de diagnósticos de trastorno de estrés postraumático entre los oficiales de prisión.
A pesar de los esfuerzos y los modelos a seguir que representan los sistemas penitenciarios nórdicos, es evidente que no son inmunes a los problemas que afectan a otras naciones, incluida España. La evolución de las políticas sobre crimen y castigo en estos países sugiere que la presión política y las tendencias hacia un enfoque más punitivo podrían socavar los principios de rehabilitación y reintegración que tanto se valoran en la filosofía penal nórdica.
