Este jueves, el Tribunal Supremo ha citado a dos fiscales como testigos en el caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa, que comenzó a investigar delitos fiscales relacionados con González Amador, ha derivado en una nueva investigación sobre la presunta filtración de correos electrónicos entre su abogado y la Fiscalía. Los fiscales que han comparecido son Almudena Lastra, Fiscal Superior de Madrid, y Julián Salto, Fiscal de Delitos Económicos.
Lastra fue la encargada de oponerse a la divulgación de una nota de prensa que revelaba los contenidos de las conversaciones entre el Ministerio Público y el abogado de González Amador. Por su parte, Salto fue el fiscal que denunció a González Amador por dos delitos fiscales que, según se ha alegado, fueron reconocidos en un intercambio de correos que posteriormente se filtraron a la prensa. Esta filtración es objeto de la investigación actual del Tribunal Supremo, que también mantiene imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Durante su declaración, Lastra mencionó que el 14 de marzo, tras la publicación de los correos, tuvo una conversación telefónica con Ortiz, en la que le preguntó directamente si él había sido el responsable de la filtración. La respuesta de Ortiz fue evasiva, lo que ha suscitado más dudas sobre la veracidad de su papel en este asunto. Además, tanto Lastra como Salto han negado que exista un protocolo en la Fiscalía que permita la eliminación automática de mensajes de WhatsApp y audios al cambiar de teléfono móvil, contradiciendo así la explicación ofrecida por el Ministerio Público en relación con la falta de hallazgos en las investigaciones. Lastra, quien cambió de dispositivo recientemente, ejemplificó que pudo conservar sus mensajes antiguos, lo que pone en entredicho las prácticas actuales en la Fiscalía.
