La Mesa del Congreso ha decidido admitir a trámite la cuestión de confianza planteada por la formación Junts, liderada por Carles Puigdemont, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta proposición no de ley se encuentra en una fase inicial, ya que aún no se ha fijado una fecha concreta para su debate. La admisión de esta cuestión de confianza se produce después de que, en dos ocasiones anteriores, el PSOE, en coalición con Sumar, hubiera bloqueado su tramitación, impidiendo que pasara el primer filtro de la Mesa. Las fechas que se manejan para la discusión de la cuestión son el 25 de febrero o el 11 de marzo, dependiendo del turno que corresponda a Junts en el pleno de la Cámara Baja.
Cuestión de confianza y su contexto político
El apoyo de Junts a esta cuestión de confianza está vinculado a un acuerdo más amplio que busca la aprobación de un nuevo decreto por parte del Gobierno, que incluye medidas como el aumento de las pensiones. Este pacto se ha enmarcado en la negociación del decreto ley ómnibus, y aunque Junts ha accedido a modificar la redacción de su propuesta, la cuestión de confianza no tendrá efectos jurídicos vinculantes para Sánchez. Los independentistas catalanes han dejado claro que la iniciativa servirá para «valorar» la gestión del presidente, reconociendo que carece de la fuerza legal necesaria para obligarle a cumplirla.
A pesar de la falta de efectos jurídicos, Junts ha expresado su descontento con la falta de voluntad política de Sánchez para cumplir los acuerdos alcanzados, lo que, según ellos, obstaculiza la creación de un clima de confianza necesario para avanzar en la legislatura. Esta situación pone de manifiesto la compleja dinámica política que enfrenta el Gobierno, que depende de los apoyos de formaciones como Junts para llevar a cabo sus iniciativas legislativas y, al mismo tiempo, debe navegar en un entorno de desconfianza y desacuerdos que podrían complicar su estabilidad a largo plazo.
