La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha solicitado nuevamente a la Generalitat que informe sobre quién fue la persona responsable de la decisión de enviar el SMS de alerta a la población el pasado 29 de octubre, en el contexto de la Dana que afectó la región. La magistrada ha establecido un plazo improrrogable de cinco días para recibir esta información. Además, ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que proporcione datos sobre el caudal del barranco del Poyo en el intervalo comprendido entre las 16:13 y las 18:42 horas de ese día, especificando los métodos utilizados para transmitir dicha información.
En un auto notificado recientemente, la jueza ha decidido pedir a varios medios de comunicación que faciliten material videográfico relacionado con la crecida de la rambla, así como las declaraciones y acciones llevadas a cabo por las autoridades y responsables de Emergencias. Esto incluye un análisis del sistema Es-Alert y el nivel de alerta que se emitió en función de la evolución de las condiciones meteorológicas durante el evento. La magistrada ha citado también a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, quien actuará como perito para proporcionar un estudio cartográfico que detalle las cotas alcanzadas por el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en los municipios de la comarca de l’Horta Sud.
Desconocimiento del riesgo por parte de las víctimas
La resolución judicial pone de manifiesto que, a partir de las declaraciones de testigos y familiares de las víctimas, se ha evidenciado un notable desconocimiento sobre la situación de alto riesgo en la que se encontraban debido a la crecida del barranco. La jueza señala que muchas de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada, se encontraban en las plantas bajas de sus viviendas y perdieron la vida en esos lugares, mientras que otros intentaban sacar sus vehículos de los garajes en el momento en que se envió el mensaje de alerta a las 20:11 horas, instando a la población a evitar desplazamientos.
Ante esta situación, la jueza considera fundamental analizar no solo si se realizaron las mediciones correspondientes del caudal del barranco y si dicha información fue conocida por los responsables de Emergencias, sino también si la percepción directa de las condiciones en la zona pudo haber alertado a las autoridades sobre la gravedad de la situación que se estaba produciendo. Así, se busca esclarecer si hubo comunicación efectiva del riesgo a la población a través de otros canales, como conferencias de prensa o comunicados oficiales, antes del envío del SMS.
