El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, y ha desestimado su solicitud de amnistía. Borràs enfrenta una sentencia por prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, así como por inducción a un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Los hechos se remontan a su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018, durante la cual fraccionó contratos para adjudicarlos a un amigo, lo que sumó un total de 335.700 euros en irregularidades. La pena dictada incluye 4,5 años de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.
La decisión del Supremo se ha tomado de manera unánime, subrayando la gravedad de los delitos cometidos. El tribunal ha argumentado que las acciones de Borràs no solo representan un daño patrimonial al Estado, sino que también afectan a las normas de convivencia y a la integridad del orden social. En su alegato, la expresidenta sostenía que su perfil independentista y su papel en un gobierno con vocación procesista justificaban la aplicación de la ley de amnistía. Sin embargo, el Alto Tribunal ha considerado que su conducta no se enmarca dentro del contexto del denominado ‘procés’ independentista.
El Supremo ha rechazado, además, el recurso de casación presentado por Borràs, que solicitaba una condena más benigna. En su fallo, el tribunal sostiene que la pena impuesta es adecuada, dado que los hechos probados evidencian una conducta de corrupción que desobedece la ley y vulnera los principios que deben regir la administración pública. Asimismo, se ha desestimado la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reafirmando la legitimidad de la sentencia dictada.
