El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Estas sanciones incluyen la congelación de activos de Khan en Estados Unidos y una prohibición de viaje que afecta tanto a él como a su familia.
La medida fue adoptada mediante una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 6 de febrero. En dicha orden, se argumenta que las acciones del TPI han establecido un «precedente peligroso» al someter a ciudadanos estadounidenses a «acoso, abuso y posible arresto».
La orden señala que el TPI ha «sin una base legítima» afirmado su jurisdicción y ha abierto investigaciones preliminares sobre personal de Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a Israel, además de haber abusado de su poder al emitir órdenes de arresto consideradas infundadas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la inclusión de Khan en la lista de «Nacionales Designados Especialmente y Personas Bloqueadas», lo que impide a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con él. Por su parte, el TPI ha condenado estas sanciones, reafirmando su compromiso con «la justicia y la esperanza para millones de víctimas inocentes de atrocidades».
La Organización de las Naciones Unidas también ha criticado la decisión estadounidense, subrayando el papel del TPI como «un pilar fundamental de la justicia internacional». Históricamente, Estados Unidos no ha reconocido la autoridad del TPI. En 2020, la administración Trump sancionó a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, debido a investigaciones sobre acciones estadounidenses en Afganistán; esas sanciones fueron posteriormente levantadas por el presidente Joe Biden.
Curiosamente, Estados Unidos elogió a Khan cuando emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada de Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, por la supuesta deportación de niños ucranianos en 2023, a lo que Moscú respondió desestimando la orden como «nula y sin valor».
Reacciones internacionales y el impacto de las sanciones
Las recientes sanciones han suscitado críticas a nivel internacional. Un comunicado conjunto de 79 estados miembros del TPI advirtió que estas acciones podrían «erosionar el estado de derecho internacional». El desarrollo se produce menos de dos semanas después de la visita del primer ministro israelí a Washington, donde elogió las acciones de Estados Unidos contra el tribunal.
Khan, quien fue elegido fiscal del TPI en 2021, anteriormente lideró el Equipo de Investigación de la ONU sobre los crímenes de Daesh/ISIL en Irak y ha trabajado en múltiples tribunales internacionales. Un acuerdo entre la ONU y Estados Unidos normalmente permite a los funcionarios del TPI viajar a Nueva York para reuniones informativas. Sin embargo, se desconoce cómo afectarán las sanciones la capacidad de Khan para cumplir con estas obligaciones.
Recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para imponer sanciones que cancelan visas estadounidenses y establecen restricciones financieras a cualquier funcionario del TPI que procese a los «aliados» de Washington. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro del TPI y su capacidad para llevar a cabo investigaciones que involucren a potencias como Estados Unidos e Israel.
