En el contexto actual de la industria de las criptomonedas en Estados Unidos, las tensiones entre los reguladores y las empresas de este sector se han intensificado, especialmente durante la administración de Joe Biden. Un ejemplo significativo es el caso de Anchorage Digital, cuyo CEO, Nathan McCauley, ha compartido su experiencia con el sistema financiero estadounidense, que refleja una creciente presión sobre las entidades bancarias para desvincularse de las empresas de criptomonedas.
McCauley relató cómo su compañía perdió abruptamente el acceso a su cuenta bancaria sin previo aviso, tras una relación de años con la entidad. Este hecho, junto con otras experiencias similares de líderes de la industria, ha llevado a muchos a calificarlo como «Operación Choke Point 2.0», un término que evoca la supuesta estrategia del gobierno para presionar a las instituciones financieras a cortar lazos con el sector cripto.
Las repercusiones en el sector criptográfico
Los efectos de estas políticas han sido devastadores, especialmente para las startups más pequeñas que no cuentan con los recursos necesarios para navegar en un entorno tan hostil. McCauley mencionó que su empresa tuvo que despedir al 20% de su plantilla, una medida que ilustra la precariedad en la que se encuentran muchas empresas del sector. Este clima de incertidumbre ha galvanizado el apoyo entre los líderes republicanos, quienes están buscando investigar las acciones del gobierno demócrata en este ámbito.
La creciente influencia de la industria cripto en la política estadounidense se ha manifestado en donaciones significativas a candidatos afines, lo que sugiere un intento deliberado de establecer una relación más fuerte con los legisladores. En este sentido, figuras como el expresidente Donald Trump han comenzado a aprovechar la narrativa de la «debanking» para atraer a un electorado que se siente marginado por las políticas actuales.
Trump ha prometido un acceso «justo y abierto» a los servicios financieros a través de una reciente orden ejecutiva, y su administración ha comenzado a revisar regulaciones que limitaban la capacidad de los bancos para interactuar con activos digitales. Este enfoque ha sido bien recibido por un sector que ha sido históricamente estigmatizado por las políticas gubernamentales de los últimos años, lo que ha llevado a un cambio en el ambiente general hacia las criptomonedas en el país.
Mientras tanto, figuras del sector han comenzado a abogar por un marco regulatorio que no solo fomente la innovación, sino que también proteja a las empresas de la presión política. En este contexto, la discusión sobre el tratamiento de las criptomonedas se ha ampliado para incluir preocupaciones sobre la discriminación política, un tema que resuena en un momento en que el debate sobre la libertad de expresión y el acceso a servicios básicos se encuentra en el centro de la atención pública.
Los acontecimientos recientes en el sector financiero estadounidense reflejan un desafío más amplio que enfrenta el sistema, donde la lucha por el reconocimiento y la legitimidad de las criptomonedas se entrelaza con cuestiones más amplias de política y poder. En este sentido, es fundamental seguir de cerca cómo evoluciona esta situación y qué implicaciones tendrá no solo para los actores involucrados, sino para el sistema financiero en su conjunto.
