El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido un nuevo plazo, que se extiende hasta el 21 de marzo, para que millones de empresas cumplan con un nuevo requisito de reporte sobre la «información de propiedad beneficiaria». Esta medida se implementa tras una orden judicial que permite a la agencia federal hacer cumplir dicha normativa.
El Corporate Transparency Act, aprobado por el Congreso en 2021, obliga a pequeñas empresas a revelar la identidad de las personas que poseen o controlan la compañía, ya sea de forma directa o indirecta. Según el Tesoro estadounidense, el objetivo de esta medida es prevenir que criminales oculten actividades ilícitas mediante el uso de empresas ficticias o estructuras de propiedad opacas.
Incertidumbre en los plazos de presentación
Las empresas han experimentado una cierta confusión debido a los plazos cambiantes para presentar los informes de propiedad beneficiaria. Una serie de órdenes judiciales habían impedido al Tesoro hacer cumplir la medida, aunque posteriormente los tribunales anularon esas decisiones. Recientemente, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas levantó una orden de suspensión que había impedido a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), parte del Tesoro, hacer cumplir el Corporate Transparency Act.
La normativa de reporte de información de propiedad beneficiaria abarca aproximadamente 32,6 millones de empresas, incluyendo ciertas corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada. Aquellos negocios y propietarios que no cumplan con las reglas de reporte se enfrentan a sanciones civiles que pueden alcanzar hasta 591 dólares diarios, además de posibles multas penales de hasta 10,000 dólares y penas de prisión de hasta dos años.
A pesar de la extensión del plazo de presentación en 30 días, FinCEN ha dejado la puerta abierta a posibles nuevas dilaciones. Según un comunicado emitido el 18 de febrero, la agencia se comprometió a proporcionar actualizaciones sobre cualquier modificación adicional del plazo, reconociendo que las empresas pueden necesitar más tiempo para cumplir con sus obligaciones de reporte.
FinCEN también ha indicado que priorizará la ejecución de la normativa para aquellas empresas que representen los riesgos más significativos para la seguridad nacional. Esta estrategia plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley y su impacto sobre el tejido empresarial en un contexto donde la seguridad y la transparencia se presentan como valores fundamentales en la política económica estadounidense.
