El Tribunal Supremo autoriza el registro en la oficina del fiscal general del Estado
La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha tomado la decisión unánime de permitir el registro de la oficina del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta medida se enmarca en una investigación relacionada con una posible revelación de secretos, denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión se produce tras un periodo de deliberación de dos semanas por parte de los magistrados.
Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres han rechazado los recursos interpuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes argumentaron que el registro vulneraba derechos fundamentales. Los magistrados justificaron su decisión al considerar que el delito en cuestión justifica el registro y es esencial para avanzar en la investigación. La Fiscalía, por su parte, sostiene que los registros realizados el 30 de octubre en las oficinas de García Ortiz y Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, son inválidos, ya que no se han aportado razones suficientes para su necesidad.
Los magistrados han subrayado la importancia de aplicar un «juicio de proporcionalidad reforzado» en estas intervenciones judiciales. Afirmaron que, aunque existen múltiples expedientes en las dependencias de la Fiscalía que contienen información relevante, esto no puede ser un obstáculo para la investigación. Además, destacaron que renunciar a llevar a cabo esta investigación en una alta institución del Estado implicaría aceptar la creación de un ámbito de impunidad, lo cual va en contra de los principios constitucionales y del valor de la justicia en España.
