El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar un anteproyecto de ley que regulará el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en España. Este marco normativo se alinea con las directrices establecidas por la Unión Europea, que tiene como objetivo fundamental la protección de los derechos digitales de los ciudadanos. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, subrayó la importancia de identificar los contenidos generados por IA para prevenir usos inapropiados que puedan conducir a engaños y manipulaciones. La ley busca, además, garantizar que la IA se utilice de manera ética y segura, destacando su potencial tanto para mejorar la calidad de vida como para amenazar la democracia mediante la difusión de información errónea.
Entre las prácticas prohibidas que contempla este anteproyecto se encuentran el uso de técnicas subliminales para influir en decisiones sin el consentimiento del usuario, así como la explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad, discapacidad o situación económica. Asimismo, se prohíbe la clasificación biométrica basada en raza u orientación política, religiosa o sexual, así como el uso de sistemas de puntuación social que puedan condicionar el acceso a ayudas o préstamos. Las infracciones de estas normativas conllevan sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros, especialmente en el caso de sistemas de IA considerados de alto riesgo, que afectan a sectores críticos como la salud, el transporte o la educación.
La regulación también incluye medidas específicas contra los «deepfakes», que son contenidos multimedia falsificados que pueden engañar a la audiencia haciéndole creer que son reales. La ley establece un nuevo derecho digital que permite la desconexión del mercado de cualquier sistema de IA que cause incidentes graves, como la pérdida de vidas. La supervisión de estas normativas recaerá en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que trabajará en colaboración con otras entidades como la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Este conjunto de regulaciones forma parte de un esfuerzo más amplio para crear un entorno digital seguro y proteger a los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías.
