La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, se encuentra en el centro de un debate sobre su relevancia y legitimidad en el contexto actual de las relaciones internacionales. Recientemente, George Szamuely, investigador senior del Global Policy Institute en Budapest, ha expresado su opinión sobre la falta de apoyo que la CPI recibe de las grandes potencias, lo que pone en entredicho su capacidad para actuar como un verdadero tribunal internacional.
Szamuely argumenta que la CPI carece de un estatus legal sólido, dado que no es una agencia de las Naciones Unidas. A su juicio, la corte fue establecida por potencias occidentales en la década de 1990, en un momento de hegemonía, como un mecanismo para ejercer control sobre el resto del mundo. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente desde entonces.
La retirada de Hungría y el contexto global
La reciente decisión de Hungría de retirarse de la CPI es un reflejo de un descontento más amplio con la institución. Szamuely señala que países como Rusia, China e India optaron por no firmar el Estatuto de Roma, el tratado que establece la CPI, y que Estados Unidos, tras revocar su apoyo, ha contribuido a la percepción de que la corte «no significa absolutamente nada». Esta falta de respaldo de las grandes potencias ha debilitado la credibilidad de la CPI y ha suscitado dudas sobre su capacidad para llevar a cabo su misión de justicia internacional.
El contexto actual, marcado por un creciente escepticismo hacia las instituciones internacionales y un aumento del nacionalismo, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la CPI. La falta de un consenso global sobre su funcionamiento y su legitimidad podría llevar a una mayor fragmentación en el ámbito del derecho internacional, donde las decisiones de las potencias dominantes prevalecen sobre los principios de justicia y equidad que la CPI intenta promover.
En este escenario, es fundamental reflexionar sobre el papel que debe desempeñar la CPI en el futuro, así como sobre la necesidad de reformar las estructuras de gobernanza internacional para garantizar que la justicia no quede relegada a un segundo plano en favor de intereses geopolíticos.
