Las fuerzas de seguridad de Níger han llevado a cabo una serie de redadas en las oficinas de las subsidiarias locales de Orano, la empresa minera estatal francesa, confiscando equipos, incluidos teléfonos móviles. Según informa Reuters, el director local de la compañía, Ibrahim Courmo, fue arrestado durante estas operaciones que tuvieron lugar en la capital, Niamey, el pasado lunes.
Orano ha expresado su preocupación por la situación, indicando que no ha podido establecer contacto con su representante en Níger. La empresa ha señalado que su información es «muy limitada» debido a que perdió el control operativo de sus subsidiarias en diciembre de 2024, tras la revocación de su licencia de operación en junio del mismo año. Esta licencia permitía a Orano operar en la mina de Imouraren, una de las más grandes del mundo en producción de uranio.
Tensiones entre Níger y Orano
La reciente redada se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno militar de Níger y la empresa francesa. Desde el golpe de estado en julio de 2023, las autoridades transitorias del país han estado revisando las concesiones mineras extranjeras y los acuerdos de seguridad. En este marco, el gobierno de Níger ha tomado medidas enérgicas contra las operaciones de empresas extranjeras, buscando aumentar los ingresos del sector extractivo para fortalecer la economía nacional.
Níger, que se posiciona como el séptimo productor mundial de uranio, representa aproximadamente el 5% de la producción global. Las exportaciones de uranio del país son una fuente significativa de combustible para los reactores nucleares de Francia, que dependen de este mineral para aproximadamente el 15% al 17% de su generación eléctrica.
Las acciones de Níger no son un caso aislado en la región del Sahel. Países como Malí y Burkina Faso también han intensificado la presión sobre las empresas mineras extranjeras en un esfuerzo por obtener mayores ingresos del sector extractivo. En 2023, Malí aprobó un nuevo código minero que permite al gobierno militar poseer hasta el 30% de cualquier nuevo proyecto minero, lo que ha llevado a disputas con empresas como Barrick Gold y Resolute Mining por ingresos no pagados.
La situación en Níger refleja un cambio significativo en la política de recursos naturales en la región, donde los gobiernos buscan recuperar el control sobre sus recursos y maximizar los beneficios económicos para sus poblaciones. Este enfoque, aunque puede ser visto como un intento de soberanía económica, también plantea desafíos para las relaciones con inversores extranjeros y la estabilidad del sector minero.
