Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, ha logrado una victoria en las elecciones municipales de su ciudad natal, Davao, según resultados no oficiales publicados el martes. Este triunfo se produce en un contexto complicado, ya que Duterte se encuentra actualmente en custodia en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, enfrentando cargos por crímenes de lesa humanidad relacionados con su polémica política de «guerra contra las drogas».
A sus 80 años, Duterte fue arrestado por las autoridades filipinas en el aeropuerto internacional de Manila en marzo y posteriormente trasladado a La Haya. A pesar de su situación legal, la ley filipina permite que los candidatos que enfrentan cargos criminales se postulen para un cargo, siempre y cuando no hayan sido condenados y todas las apelaciones estén agotadas.
Los resultados preliminares indican que Duterte ha obtenido más de medio millón de votos en Davao, casi ocho veces más que su competidor más cercano. El ex presidente ya había ocupado el cargo de alcalde de la ciudad durante dos décadas antes de asumir la presidencia en 2016. Se espera que los resultados oficiales se publiquen en el transcurso de la próxima semana.
Apoyo inquebrantable y controversias legales
La hija menor de Duterte, Veronica, celebró la victoria en Facebook, destacando el «aplastante» apoyo que recibió su padre, lo que, según su abogado, refleja el «rechazo total» de la población a los intentos de desacreditar su legado. Los seguidores del ex presidente vitorearon su nombre mientras se anunciaban los primeros resultados.
La CPI ha acusado a Duterte de haber supervisado, entre 2016 y 2022, la creación de «escuadrones de la muerte» responsables de la muerte de presuntos traficantes y consumidores de drogas. Aunque Duterte ha negado cualquier irregularidad, ha admitido que la campaña fue violenta. Según registros gubernamentales, al menos 6,200 personas han muerto en operaciones policiales, aunque grupos de derechos humanos sostienen que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Algunos defensores de los derechos humanos han calificado de ilegal el arresto de Duterte, argumentando que Filipinas se retiró de la CPI en 2019 por orden del propio ex presidente. Sin embargo, la corte sostiene que mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país era miembro.
Los abogados de Duterte han presentado una petición acusando al gobierno filipino de «secuestro» y alegando que la extradición violó tanto la legislación nacional como la internacional. La actual vicepresidenta, Sara Duterte, hija mayor del ex presidente, ha declarado que está en conversaciones con los abogados de su padre sobre cómo podría tomar posesión de su cargo como alcalde mientras se encuentra en detención. Sara es vista como una de las principales candidatas para las elecciones presidenciales de 2028, a pesar de un inminente juicio de destitución en el Senado programado para julio.
