Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ha comparecido este viernes como testigo en el conocido como ‘caso filtraciones’. Desde el ICAM, se realizó la primera denuncia sobre la presunta revelación de secretos, hecho que ha llevado a la imputación del fiscal general del Estado. A su llegada al Tribunal Supremo, Ribón enfatizó que «se ha podido vulnerar uno de los principios básicos sobre los que se construye el derecho de defensa», aludiendo al principio de confidencialidad entre abogado y cliente.
Ribón subrayó la importancia de proteger el derecho a la tutela judicial efectiva, afirmando que cualquier ciudadano, independientemente de su condición, debe poder ejercer este derecho con la confianza de que las conversaciones mantenidas con su abogado permanecerán en el ámbito del secreto profesional. Estas declaraciones se produjeron a las puertas del Alto Tribunal, donde el decano explicó que fue convocado a una reunión el 15 de marzo por la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la que también participó, de forma virtual, la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Según Ribón, en esa reunión, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, le instó a emitir un comunicado conjunto que minimizara la relevancia de una nota de prensa de la Fiscalía, algo que tanto él como el Consejo General de la Abogacía rechazaron.
El Supremo confirma la legalidad del registro en la Fiscalía
La jornada ha traído consigo otra noticia relevante relacionada con la investigación a Álvaro García Ortiz. Horas después de la declaración de Ribón, el Tribunal Supremo desestimó los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado respecto al registro del despacho del fiscal general y de la fiscal Pilar Rodríguez. El Alto Tribunal, por unanimidad, determinó que dichos registros eran necesarios para avanzar en la investigación, lo que podría tener implicaciones significativas para el proceso. Estos recursos habían sido el fundamento para que la Fiscalía no formulara preguntas a los imputados durante sus declaraciones. Ahora, se espera que Álvaro García Ortiz considere recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que el registro podría haber vulnerado derechos fundamentales.
