Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado ante el juzgado este lunes, donde estaba citado a declarar como imputado por un presunto fraude fiscal que asciende a 350.961 euros. Esta declaración es el resultado de una investigación que ha estado en curso durante casi un año y que ha sufrido múltiples suspensiones. La jueza Inmaculada Iglesias ha convocado a González Amador en un contexto de presión por parte de la Fiscalía, que ha advertido del inminente vencimiento del plazo de instrucción.
A pesar de su comparecencia, González Amador ha decidido no declarar, acogiendo su derecho a permanecer en silencio hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre su recurso contra la ampliación de la investigación por otros posibles delitos. Según fuentes cercanas a su defensa, la decisión de no declarar fue tomada tras el consejo de sus abogados, quienes argumentaron que hacerlo podría comprometer sus derechos. En la conversación con la jueza, el empresario enfatizó su disposición a colaborar para esclarecer los hechos, pero se vio obligado a seguir las recomendaciones legales dadas las circunstancias actuales.
La investigación que rodea a González Amador incluye, además del presunto fraude fiscal, acusaciones de falsedad documental. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha estado al frente de este caso desde su inicio en marzo de 2022, y hasta el momento, ni González Amador ni otros empresarios implicados han prestado declaraciones. Esta situación se ha complicado aún más tras una propuesta de pacto con la Fiscalía que involucró el reconocimiento de delitos fiscales, lo que ha desencadenado una investigación adicional sobre la conducta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
