El PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para la delegación de competencias que permitirá a la Generalitat de Cataluña gestionar de manera integral las competencias en inmigración. Este acuerdo, registrado recientemente en el Congreso como propuesta de Ley, marca un cambio significativo en la administración de asuntos migratorios en la región.
Transferencia de competencias en inmigración a la Generalitat
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la cesión total de la competencia sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo que implica que la Generalitat asumirá la administración y supervisión de estos centros, una responsabilidad que anteriormente correspondía al Gobierno central. Asimismo, la Generalitat se encargará de llevar a cabo las devoluciones de inmigrantes que tengan prohibición de entrada en el país, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra en las fronteras, coordinándose con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El acuerdo también refuerza el papel de los Mossos d’Esquadra en la seguridad fronteriza, permitiendo que gestionen la seguridad en puertos y aeropuertos de Cataluña. Esta función, que hasta ahora desempeñaban las fuerzas de seguridad del Estado, se verá acompañada por un aumento de 1.800 agentes en la plantilla de los Mossos, alcanzando un total de 26.800 efectivos. Este incremento permitirá a la policía autonómica abordar también la lucha contra la trata y explotación de personas, asumiendo un papel activo en la prevención y protección de las víctimas.
Nuevas competencias en permisos y contratación
Entre las novedades que introduce este acuerdo, destaca que Cataluña se constituirá como la única autoridad en su territorio para gestionar las autorizaciones de estancia y residencia de extranjeros. La Generalitat será responsable de la concesión de permisos de residencia, tanto temporales como de larga duración, así como de la expedición del Número de Identidad de Extranjero (NIE). Además, la Generalitat obtendrá la potestad de sancionar en procedimientos administrativos relacionados con inmigración y tendrá un papel determinante en la contratación de trabajadores extranjeros, colaborando con empresas y sindicatos para definir los perfiles y contingentes necesarios para el mercado laboral catalán.
El PSOE y Junts justifican esta transferencia de competencias argumentando que Cataluña presenta una realidad migratoria particular, con un 18 % de su población con nacionalidad extranjera y un 24 % que ha nacido fuera de la comunidad. Este contexto resalta la necesidad de un modelo de inmigración adaptado a las especificidades de la región.
