La reciente presentación del presupuesto de octubre por parte de la Ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, ha generado un descontento palpable entre diversas empresas británicas. Kingfisher, propietario de la conocida cadena de mejoras para el hogar B&Q, ha sido una de las últimas compañías en expresar su preocupación, señalando que las políticas gubernamentales han «aumentado los costos para los minoristas y afectado la confianza del consumidor», lo que ha derivado en una caída en las ventas de productos de alto valor.
Desde la llegada del gobierno laborista, múltiples empresas han criticado lo que reclaman como un presupuesto «de aumento de impuestos». Los altos costos de empleo, resultado de un incremento en las contribuciones a la seguridad social y un aumento del 6.7% en el salario mínimo nacional, están en el centro de las quejas. Supermercados como Tesco han advertido que estos cambios podrían sumar hasta 250 millones de libras en costos anuales, mientras que JD Wetherspoon, una cadena de pubs, ha calculado que cada establecimiento podría enfrentar un gasto adicional de 1,500 libras semanales.
La respuesta del gobierno ante las críticas empresariales
En respuesta a las críticas, Reeves defendió las subidas de impuestos, afirmando en una entrevista que se habían tomado «las medidas necesarias para asegurar que nuestros servicios públicos y las finanzas públicas estuvieran en una base sólida». Esta afirmación, aunque comprensible en el contexto de la estabilidad fiscal, se encuentra en conflicto con las preocupaciones expresadas por los sectores más vulnerables de la economía, que ven en estas políticas un camino hacia la reducción del empleo y el aumento de precios.
La situación económica del Reino Unido es compleja, marcada por un crecimiento lento y el aumento de precios, exacerbados por las tensiones comerciales globales, como las tarifas impuestas por Estados Unidos. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) prevé una rebaja en las proyecciones de crecimiento para 2025, lo que añade presión sobre las políticas del gobierno laborista.
Además, las críticas han sido respaldadas por el British Retail Consortium, que ha hecho un llamado al gobierno para que «incremente la confianza en la economía». Muchos minoristas se ven obligados a considerar aumentos de precios debido a la carga fiscal adicional, mientras que la Confederación de la Industria Británica (CBI) ha instado a Reeves a no incrementar aún más la carga impositiva sobre los negocios durante esta legislatura.
En este contexto, el enfoque del gobierno hacia la inversión en investigación y desarrollo, así como la reducción de la carga regulatoria, se presenta como una posible vía para restaurar la confianza empresarial. Sin embargo, muchos analistas sugieren que la Ministra podría optar por recortes de costos en lugar de nuevos aumentos impositivos en su próxima declaración.
El camino del gobierno británico se encuentra plagado de desafíos, y la respuesta a estos problemas será clave para determinar su futuro económico y político. A medida que se aproxima la próxima declaración de Reeves, la presión por crear un entorno más favorable para los negocios se intensifica, lo que podría marcar un giro importante en la estrategia fiscal del Reino Unido.
