El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado recientemente una orden ejecutiva que busca reformar el sistema electoral estadounidense. Esta medida, titulada ‘Preservar y proteger la integridad de las elecciones americanas’, establece la obligación de presentar prueba de ciudadanía para el registro de votantes en las elecciones federales.
La orden también insta a los estados a colaborar con las agencias federales para compartir los registros de votantes y a perseguir delitos electorales. Además, amenaza con recortar la financiación federal a aquellos estados que no cumplan con estas nuevas disposiciones.
Medidas de la orden ejecutiva
Entre las principales medidas de la orden se encuentra la exigencia de prueba de ciudadanía para que los votantes puedan registrarse en las elecciones federales. Esta iniciativa se alinea con el proyecto de ley respaldado por los republicanos conocido como Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE Act). Aunque votar en elecciones federales siendo no ciudadano ya es un delito grave, los republicanos argumentan que se necesita un enfoque más riguroso para restaurar la confianza pública en el proceso electoral.
El texto de la orden señala que, a pesar de ser pioneros en el autogobierno, Estados Unidos no aplica las protecciones electorales básicas que son comunes en naciones desarrolladas y en vías de desarrollo. Se mencionan medidas implementadas en otros países para asegurar la integridad del proceso electoral, como la identificación biométrica y la limitación de la votación por correo.
Asimismo, la orden establece que los votos deben ser ‘emitidos y recibidos’ antes del día de las elecciones, condicionando la financiación federal al cumplimiento de esta normativa por parte de los estados. Esta restricción ha suscitado críticas, especialmente de aquellos estados que dependen en gran medida de la votación por correo, como es el caso de Oregón.
Grupos defensores de los derechos de voto han manifestado su oposición a estos cambios, argumentando que muchos ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen a mano la documentación que acredite su ciudadanía. Según un informe de 2023 elaborado por el Brennan Center for Justice y otras organizaciones, alrededor de 21.3 millones de personas, es decir, el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, carecen de tales documentos.
La reacción a esta orden no se ha hecho esperar. Tobias Read, secretario de estado de Oregón, ha calificado la medida como un ‘ataque a la democracia’, afirmando que es un derecho de cada ciudadano estadounidense poder responsabilizar a los políticos en las urnas. Read ha prometido desafiar legalmente esta acción, que considera ilegal y perjudicial para el sistema electoral estadounidense.
