El reciente recorte de personal en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, impulsado por la administración de Robert F. Kennedy Jr., ha suscitado preocupaciones significativas en torno a la equidad en la salud, especialmente para las poblaciones minoritarias y desatendidas. La reducción de hasta 10,000 empleos en este organismo ha afectado gravemente a varias divisiones clave que trabajan para proteger la salud de estos grupos, lo que podría revertir años de avances en la lucha contra las disparidades de salud en el país.
Según fuentes anónimas citadas por CNBC, se han despedido a la mayoría de los empleados de la Oficina de Salud de las Minorías y del Instituto Nacional de Salud de las Minorías y las Disparidades de Salud (NIMHD), así como a otros departamentos dentro de la FDA y los CDC. Este desmantelamiento de oficinas dedicadas a la salud de las minorías no solo pone en riesgo la salud de los grupos étnicos y raciales, sino que también podría tener repercusiones para la salud pública en general.
Impacto de los recortes en la salud pública
Los expertos en políticas de salud advierten que la eliminación de estos departamentos podría ampliar las disparidades de salud existentes, afectando no solo a las minorías raciales y étnicas, sino también a comunidades rurales, de bajos ingresos y personas con discapacidad. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado estas desigualdades, que han sido alimentadas por políticas históricas de exclusión y problemas sistémicos como la pobreza y el racismo.
El impacto de estos recortes se materializará a medio y largo plazo, dificultando la recolección de datos cruciales para entender y abordar las disparidades en la salud. La falta de datos puede llevar a que las desigualdades permanezcan ocultas y no se resuelvan, lo que a su vez podría aumentar los costos del sistema de salud estadounidense y deteriorar los resultados de salud para todos los ciudadanos.
El nuevo enfoque de la administración Kennedy, que busca consolidar varias oficinas en una nueva agencia llamada Administración para una América Saludable, ha generado críticas sobre la eficiencia y efectividad de tales medidas. Algunos especialistas argumentan que mantener las oficinas de salud de las minorías es, en realidad, una estrategia más eficiente, ya que permite identificar y abordar problemas específicos en las comunidades más vulnerables.
La incertidumbre sobre el futuro de estas oficinas y su capacidad para continuar con sus programas es preocupante. Las organizaciones comunitarias, que dependen de fondos federales para ofrecer atención culturalmente apropiada, podrían verse obligadas a reducir o cerrar programas esenciales. Estos recortes no solo amenazan el bienestar de las comunidades afectadas, sino que también representan un retroceso en la política de salud pública en Estados Unidos.
