El foco mediático se está centrando estas últimas semanas en la corrupción, la cual ha salpicado especialmente a políticos de PP y PSOE, o en la consulta catalana. Sin embargo, existe una noticia igual o incluso más importante que está pasando totalmente desapercibida en los medios de masas: el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TLC a partir de ahora).
Se trata, a grandes rasgos, de un acuerdo entre estas dos regiones para reducir impuestos arancelarios a las importaciones y demás regulaciones para así facilitar el comercio entre las mismas. Sus defensores (PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV) hablan de que es una gran oportunidad para Europa y que generará dos millones de empleos. Desestimaron, además, la propuesta de la Izquierda Plural para celebrar un referéndum y que fuese la ciudadanía quien decidiese si España debía apoyar el TLC o no.
Llegados a este punto (donde no hemos hecho nada más que empezar), cualquiera se preguntará por qué ni PP, PSOE, UPyD, PNV o CiU ha sacado pecho en público por apoyar este gran proyecto si es tan bueno como dicen.
Si nadie ha sacado pecho, sino que se está negociando en secreto y además los documentos estarán cerrados al público durante 30 años, es porque este acuerdo no va a beneficiar más que a las empresas multinacionales a las que todos estos partidos sirven realmente y cuyos intereses son contrapuestos a los de la clase trabajadora. Casualmente, los medios que ocultan el TLC a la opinión pública están controlados por estas multinacionales.
El TLC supone un avance más en la subordinación ya existente de las democracias nacionales de la UE a una política económica concreta que arrancó tímidamente en las décadas de los 50 y 60 con los primeros acuerdos europeos (CECA, CEE, EURATOM) pero que se intensificó a partir de mediados de los 80 con el Acta Única y Maastricht (Unión Europea). ¿Cuál es esta política económica concreta? La liberalización comercial, o sea la reducción del peso de las fronteras nacionales en relación con la circulación internacional de mercancías y capitales. Tal es la reducción de las fronteras económicas, que para pertenecer a la UE, los estados han de renunciar a parte de sus competencias en política económica, dejando a otros decidir por ellos. Todos hemos oído hablar de la troika, que no es otra cosa que, como bien dice el economista Xabier Arrizábalo, el caballo de Troya para que el FMI dicte la política económica en Europa. Que haya alguien que diga a los estados qué política económica deben implantar socava enormemente la calidad democrática de los países y en casa tenemos un claro ejemplo de esto: la obligación por parte de Bruselas a que España, cambiando el artículo 135 de la Constitución, priorizase el pago de una deuda de capital privado antes que los servicios sociales, educación o sanidad. Esto es lo que facilitó el Tratado de Maastricht, pero el TLC va, como he dicho, más allá.
El TLC pretende pasar por encima de los mecanismos y leyes conseguidas con tanto sufrimiento y esfuerzo por la clase trabajadora para proteger sus derechos laborales, además de otras leyes como por ejemplo las relacionadas con la preservación del medioambiente, privatizaciones, etc. para el beneficio de los grandes conglomerados financieros y empresariales. Los defensores del TLC hablan de libertad de comercio, pero de lo que se trata realmente es de libertad de explotación en favor de esas grandes empresas que esconden decenas y decenas de sociedades en paraísos fiscales.
De aprobarse el TLC, ya no serán los parlamentos democráticos quienes decidirán, sino las multinacionales. ¿Cómo lo harán? Gracias al tratado, si una multinacional cree que un gobierno ha aprobado una ley que va en contra de sus intereses, podrá denunciar a este gobierno y un tribunal internacional dictaminará quién tiene razón. ¿Quién conformará este tribunal? Según han investigado los compañeros de Cafeambllet, las multinacionales tendrán grandes facilidades para imponer un tribunal que les sea favorable.
Existen precedentes al TLC que se está negociando actualmente. Por ejemplo el caso de Australia, donde el parlamento aprobó una ley relacionada con las cajetillas de tabaco. Una vez aprobada, la tabacalera Philip Morris denunció al gobierno y gracias a un tratado muy similar al TLC, la empresa tabacalera ganó el juicio y el gobierno tuvo que anular su ley. Una tabacalera logró tumbar una ley aprobada por un gobierno democrático. Se trata de algo muy serio.
Otro precedente es el tratado NAFTA entre EEUU y México, el cual, después de 20 años, ha supuesto la pérdida de millones de puestos de empleo y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. Eso sí, las multinacionales han salido ganando. Es por eso que los medios callan, porque saben que si la ciudadanía supiese todo esto se posicionaría claramente en contra y PP y PSOE se hundirían todavía más.
La clase dominante, debido a la crisis de sobreproducción capitalista en la que nos encontramos, se ve en la obligación (debido a sus intereses capitalistas) de poner en marcha un proceso de destrucción de capital, esto significa acabar con pequeñas y medianas empresas para absorber su porción de mercado y así volver a generar grandes ganancias. Esto desembocará, como no, en despidos y precarización laboral para los trabajadores. En tres palabras: lucha de clases.
En definitiva, de aprobarse el TLC, los ciudadanos perderemos nuestro derecho a decidir. No importará quién gobierne ya que las grandes multinacionales podrán, a través de este tribunal, saltarse las leyes que se aprueben en el parlamento.
Uno de los partidos burgueses que apoya este tratado es CiU, irónicamente, que tanto ruido está haciendo en Catalunya por el derecho a decidir de los catalanes. Pero no pequemos de ingenuos. Es normal que CiU defienda el derecho de los catalanes a decidir sobre la independencia ya que, de momento, gracias a esto no se habla de los brutales recortes que ha llevado a cabo, de la creciente pobreza existente en Catalunya o de la ingente corrupción de su partido (aunque el derecho a decidir sea legítimo, más faltaría), entre otros motivos. Y, por otro lado, es normal también que no defienda el derecho a decidir de la clase trabajadora en materia económica y prefiera dejar esa competencia a las multinacionales. Al fin y al cabo, los partidos que apoyan el TLC siempre han tenido tratos con las multinacionales y es, muy probablemente, donde acabarán los dirigentes de todos los partidos que pretenden ser partícipes de este sucio golpe de estado oculto a la ya de por sí débil democracia española.
