El reciente fracaso en alcanzar un acuerdo para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander ha puesto de manifiesto un cambio significativo en el panorama político español. Este impasse no se debe a la resolución de las diferencias existentes entre el Gobierno central, Canarias y el Partido Popular (PP), sino a la aparición de un nuevo actor en la ecuación: Junts per Catalunya, cuyo apoyo será crucial para la aprobación de cualquier proyecto legislativo relacionado con este asunto.
Los siete escaños de Junts en el Congreso, que en julio pasado fueron determinantes para rechazar la reforma de la ley de extranjería y el reparto obligatorio de menores entre todas las comunidades autónomas, podrían ahora permitir la aprobación de un decreto ley que contemple el mismo contenido. Esta propuesta, impulsada por Canarias y Euskadi en la Conferencia, busca establecer un reparto «extraordinario» de menores que llegan en pateras y cayucos, pero hasta el momento no ha recibido apoyo concreto.
Negociaciones y obstáculos
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a estudiar la propuesta «temporal y urgente» presentada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Para ello, se ha fijado un plazo de tres meses con el objetivo de encontrar el «encaje jurídico» que permita la derivación de menores a otras comunidades. Tanto Clavijo como el lehendakari Imanol Pradales (PNV) están considerando la posibilidad de hacerlo mediante un decreto ley, aunque el Ministerio tiene ciertas reservas al respecto.
La clave para avanzar en este proceso radica en la capacidad de convencer a Junts para que apoye la propuesta en el Congreso, después de que el PP se mostrara inflexible en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería durante la reunión del 5 de octubre. La negociación con Junts comenzó al día siguiente de la fallida reunión con el PP y se enmarca en las conversaciones más amplias que el Gobierno mantiene desde hace meses con esta formación para el traspaso de competencias en materia migratoria a Cataluña.
Clavijo también ha indicado en el Parlamento de Canarias que está negociando con Junts una solución de emergencia para el reparto extraordinario de menores, sin necesidad de reformar la ley de extranjería de inmediato. Según su perspectiva, Junts parece estar de acuerdo con esta solución temporal. Sin embargo, desde el Ministerio se ha manifestado la necesidad de hallar un respaldo legal, dado que un decreto ley podría ser impugnado por el PP ante el Tribunal Constitucional, incluso si cuenta con el apoyo de los catalanes en el Congreso.
Todo continúa abierto, mientras el flujo incesante de pateras y cayucos a las costas canarias no cesa. La condición que plantea Junts para apoyar la fórmula inicial es que se asegure el traspaso de competencias en gestión migratoria a Cataluña, un tema que también está vinculado a la negociación sobre los presupuestos de 2025 que el Ejecutivo planea presentar en enero. Muchas variables están en juego en este complejo entramado político que requiere una cuidadosa conciliación de intereses.
