El Ministerio de Defensa ha anunciado su intención de llevar al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils en 2017. Esta decisión dependerá de la solicitud formal del Congreso, según fuentes del departamento que dirige Margarita Robles. Desde el ministerio se ha señalado que existe una total disposición para cumplir con esta petición, aunque hasta el momento no se ha realizado dicha solicitud.
La comisión del Congreso que investiga “el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas” de estos atentados se reunirá el próximo 17 de diciembre. En la agenda se contempla la comparecencia del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y de la jefa de la Policía Científica en la explosión de Alcanar, Rocío Rubio. Además, se espera que se ordenen los trabajos de la comisión de investigación y, si se formula la petición de desclasificación, podría llevarse a cabo en el último Consejo de Ministros del año, programado para el 23 de diciembre.
Investigaciones sobre el imán de Ripoll
Desde el independentismo se ha exigido investigar la información que sugiere que el imán de Ripoll actuó como confidente de los servicios de inteligencia hasta el día de los atentados. Si bien los socialistas no estaban en el Gobierno en el momento de los hechos, recuerdan que el anterior director del CNI, Félix Sanz Roldán, ya proporcionó explicaciones en la comisión de Secretos Oficiales.
El Gobierno reconoce que Junts exige garantías sobre cumplimientos pendientes para abordar la negociación de los Presupuestos. Tras el ultimátum de Carles Puigdemont al presidente Pedro Sánchez para someterse a una cuestión de confianza, se están acelerando las negociaciones para cumplir compromisos como la transferencia de competencias en inmigración y el uso del catalán en las instituciones europeas. En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una carta a su homólogo polaco, Radosław Sikorski, solicitando que durante la presidencia del Consejo Europeo, que comenzará en enero, se impulse el estatus del catalán, gallego y euskera como lenguas cooficiales de la Unión Europea.
Albares ha justificado esta solicitud argumentando que el objetivo es acercar la UE a los ciudadanos y fomentar una mayor identificación con las instituciones europeas mediante el reconocimiento de la diversidad lingüística. Además, Pedro Sánchez se comprometió a reunir en enero a las comunidades autónomas para negociar la quita parcial de la deuda, un acuerdo estipulado durante la investidura con los independentistas y que se pretende extender a otras comunidades que lo soliciten.
En cuanto a las negociaciones para la transferencia de competencias en inmigración a la Generalitat, el Gobierno ha avanzado en los aspectos principales de esta cesión, aunque ha establecido “líneas rojas” en lo que respecta al control de fronteras. A pesar de ello, se abre la posibilidad de que los Mossos d’Esquadra tengan una mayor presencia junto a las fuerzas de seguridad del Estado en la vigilancia de puertos y aeropuertos, un punto que ya se había tratado en el pacto de investidura.
Sobre la exigencia de Junts de una cuestión de confianza, Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo, afirmando que no hay una mayoría alternativa. En conversaciones informales, ha calificado esta situación como «política ficción». El presidente considera que cualquier acercamiento entre el PP y Junts podría perjudicar los intereses de los posconvergentes en Cataluña, al tiempo que podría debilitar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en su partido, especialmente ante los barones del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
