El Gobierno español ha intensificado su vigilancia ante la posible infiltración de entidades extremistas en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. En este contexto, el Ministerio de Defensa ha emitido una advertencia a la Asociación de Tropa y Marinería Españoles (ATME) por su reciente acuerdo con la empresa Desokupa, dirigida por el polémico agitador ultraderechista Daniel Esteve. Este acuerdo contemplaba la formación de sus miembros a través de cursos ofrecidos por Desokupa, lo que ha suscitado una inmediata reacción del Gobierno.
En un comunicado difundido el miércoles, Defensa ha instado a la ATME a renunciar al acuerdo, amenazando con abrir expedientes y recurrir a los tribunales si se mantiene en su postura. Según el informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio, el acuerdo es considerado nulo por la falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del pacto. La ATME había anunciado tan solo un día antes que se había pactado un descuento del 50% en cursos de formación, además de una reserva de empleos en la empresa, tras haber fracasado en otras iniciativas para mejorar la empleabilidad de soldados y marineros que, por edad, deben dejar las Fuerzas Armadas.
Advertencia y contexto
Defensa ha solicitado la «inmediata retirada» del acuerdo, en un momento en que Esteve se encontraba en el centro de la atención mediática, ofreciendo su «escolta» a Víctor de Aldama, una figura central en la investigación de la trama Koldo, tras haber supuestamente recibido amenazas de muerte. Esteve, conocido por su cercanía a militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ha sido galardonado por sindicatos policiales en ceremonias privadas, a pesar de su involucramiento en manifestaciones de carácter ultraderechista que han generado controversia, como los escraches contra la sede del PSOE en Madrid.
El comunicado de Defensa se produce en un contexto de creciente preocupación por la manipulación política de las Fuerzas de Seguridad. En el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se enfrentó al diputado de Vox, Javier Ortega-Smith, advirtiendo sobre los intentos de manipular a la Policía y la Guardia Civil, reafirmando la profesionalidad y neutralidad de estas instituciones. A raíz de estas inquietudes, el Ministerio del Interior inició un proceso de revisión de subvenciones al Sindicato Unificado de Policía (SUP) después de que este sindicato anunciara un acuerdo con Desokupa para formación en defensa personal.
Precedentes y sanciones
En el pasado, Interior ya había tomado medidas disciplinarias, abriendo un expediente sancionador a miembros de la asociación Jucil por emitir insultos graves contra el presidente del Gobierno en redes sociales. Este historial de tensiones entre el Gobierno y ciertas asociaciones de seguridad pone de relieve la necesidad de mantener un estricto control sobre la neutralidad política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un clima político cada vez más polarizado.
La situación actual plantea serias interrogantes sobre la influencia de grupos extremistas en el ámbito de la seguridad pública y el papel que deben jugar las instituciones para salvaguardar la integridad y profesionalidad de los cuerpos de seguridad en España.
