El caso que investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha tomado un nuevo rumbo tras la filtración de información privada y confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este informe sugiere que el exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato, podría haber utilizado esta información en su contra, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de las acciones de los implicados.
Investigaciones recientes de la Guardia Civil revelan la ausencia de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo en los dispositivos de García Ortiz. A pesar de incautar dos teléfonos móviles, un ordenador y una tableta, el informe de la UCO indica que no se encontraron mensajes de ningún tipo durante este periodo crítico. Coincidentemente, el 14 de marzo es la fecha en que Lobato recibió un correo electrónico con información confidencial de González Amador, lo que genera suspicacias sobre la posibilidad de una filtración concertada.
Defensa de la Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General ha defendido su posición afirmando que realiza un borrado cíclico del contenido de los dispositivos por razones de seguridad. Sin embargo, la UCO ha encontrado en la copia de seguridad del ordenador de escritorio de García Ortiz dos archivos que contienen una copia de correos electrónicos relacionados con el caso. Estos correos fueron enviados a su cuenta personal el 13 de marzo, un día antes de la filtración, lo que añade más complejidad al asunto.
Los correos incluyen una cadena de mensajes entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, donde se discuten supuestos delitos fiscales de la empresa Maxwell Cremona, vinculada a la pareja de Ayuso. El documento que Lobato utilizó en su intervención política se refiere a esta negociación, sugiriendo un posible uso indebido de información confidencial.
Por otro lado, los dispositivos de Pilar Rodríguez han mostrado actividad durante el mismo periodo. Mensajes intercambiados entre ella y García Ortiz el 13 de marzo demuestran que ambos estaban en comunicación activa sobre el caso. A las 21:54, Rodríguez preguntó al fiscal a qué correo debía enviar los «correos cruzados» relacionados con el caso, y más tarde, sobre la presentación de la denuncia en los juzgados. Este intercambio de mensajes podría ser un indicio de que, a pesar de la falta de registros en los dispositivos de García Ortiz, la comunicación fue constante y deliberada.
El desarrollo de este caso plantea importantes interrogantes sobre la transparencia y la ética en las instituciones judiciales, así como sobre el uso de información sensible en el ámbito político. La investigación continúa y se espera que surjan más detalles que aclaren la situación actual de los implicados.
