La decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión y de liberar Carles Puigdemont tiene muchas consecuencias políticas y judiciales. Una de ellas es la imposibilidad de que el Tribunal Supremo español inhabilite Puigdemont para ejercer cargos públicos, lo que le permitirá seguir siendo diputado en el parlamento y posible candidato a la investidura.
Con el auto de procesamiento, las acusaciones de rebelión y las órdenes de prisión provisional, el juez Pablo Llarena pretendía de inhabilitar Puigdemont y el resto de consejeros antes del juicio. El artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal prevé una inhabilitación expreso. Concretamente, dice: ‘Con una orden de procesamiento en firme y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que ostentara función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de este mientras dure la situación de prisión. ‘
‘No lo pueden procesar por rebelión. Y sólo se puede suspender o inhabilitar sin juicio si es acusado de rebelión ‘, razona Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional español y profesor de derecho constitucional. En declaraciones al diario catalán VilaWeb, explica que la decisión del juez alemán impide por ahora que el Supremo español procese Puigdemont por rebelión y que, por tanto, ya no puede ser inhabilitado preventivamente.
La inhabilitación previa al juicio, además del procesamiento por rebelión y el encarcelamiento provisional, requiere que el procesamiento sea firme. El Supremo puede confirmarlo en las próximas semanas y desactivar los nueve presos políticos, incluido Jordi Sánchez, actual candidato a la investidura. Sin embargo, el equipo de abogados de Ben Emmerson estudiará añadir nuevas demandas contra España en la ONU – tal como explica la jurista Nieves Torbisco – en el momento que las inhabilitaciones sean efectivas. ‘Cuando los inhabiliten presentaremos nuevas demandas al Comité de Derechos Humanos de la ONU porque consideramos que será una vulneración de sus derechos políticos’, explicó.
Así pues, la decisión de la justicia alemana permitirá que Puigdemont mantenga intactas las opciones de ser restituido en la presidencia. También hay que tener en cuenta que el parlamento ya tramita la reforma de la ley de Presidencia que propuso JxCat para permitir una investidura telemática a distancia, y que la formación siempre ha mantenido que cualquier presidencia es provisional a la espera de poder invertir Puigdemont.
