Las medianas y grandes empresas, por el volumen de trabajadores, procesos, productos, servicios y capital que mueven, están expuestas a muchas oportunidades en las que algún miembro de la dirección o del equipo cometa algún tipo de fraude.
Esto no solo pone en riesgo a la persona que lo comete, sino a la propia empresa, pues puede ver cómo su imagen queda perjudicada e incluso llegar a exponerse a un grave riesgo que suponga el cierre de la compañía.
Por eso, la prevención del fraude empresarial debe ser una de las prioridades de los directivos, y también de los propios trabajadores. Una compañía que trabaje bajo los más estrictos parámetros éticos se construye, día a día, nuevas oportunidades de futuro.
Existen diversas herramientas que, autoimplantadas por las propias empresas, pueden ayudar al control e identificación de cualquier tipo de mala praxis en el día a día. Uno de ellos es el llamado Compliance penal.
¿En qué consiste el compliance penal? En pocas palabras, es un proceso por el que una empresa, con ayuda de profesionales externos, implanta una serie de protocolos y controles que certifican que todo el personal de la compañía cumple con los valores éticos y laborales que se marcan desde la dirección.
Además de una interesante medida de prevención del fraude empresarial y fiscal, el compliance penal ayuda a las empresas a mejorar la transparencia y la eficiencia de los protocolos de sus políticas internas, así como del código ético, el compromiso con los clientes y con los proveedores.
Implantación externa
Aunque los propios directivos y la plantilla tengan un alto nivel de exigencia en el cumplimiento de sus tareas, cuando la actividad es alta, siempre conviene que los servicios de compliance penal sean ejecutados por terceros.
Esto asegura una máxima objetividad en el análisis del funcionamiento del día a día de la compañía, así como la garantía absoluta de que el protocolo y los programas de prevención de delitos activados serán de completa efectividad.
Empresas como Gpartners se encargan de ayudar a las compañías que desean ofrecer esta garantía a sus clientes, trabajadores y proveedores con la creación de un protocolo de compliance penal que asegure un cumplimiento estricto de las obligaciones de la empresa y que evitará problemas legales y cualquier tipo de ataque a la reputación de la marca.
El compliance penal dedica especial atención a todas aquellas digresiones que, cometidas por cualquier miembro de la jerarquía empresarial, puedan suponer una responsabilidad penal de las personas jurídicas, que repercuta en el inicio de un proceso penal contra la empresa. Se evitan así multas millonarias que pueden dar al traste con cualquier proyecto comercial creado con ilusión y compromiso.
Protocolo, formación y exámenes
Cualquier proceso de compliance penal incide no solo en la implantación de los programas adaptados a la legislación vigente, sino un trabajo profundo que puede revolucionar la empresa de manera integral.
Así, los profesionales encargados de llevar a cabo este proceso se encargan de realizar análisis de riesgos, localizar puntos débiles, dar formación a los distintos miembros de la empresa e, incluso, llevar a cabo auditorias periódicas para confirmar que todo sigue en orden.
De este modo, se puede asegurar la viabilidad, transparencia, ética y futuro de las empresas con solo la implantación de un compliance legal profesional y adaptado al cambio de los tiempos y las legislaciones.
