La cantidad de desahucios en España cayó un 26 % en el segundo trimestre de 2023, gracias en parte a las medidas anti desahucio que el Gobierno planea mantener en 2024. Dichas medidas han afectado a los propietarios, los cuales optan por el seguro de impago de alquiler para cubrir eventuales pérdidas y los costes de un juicio de desahucio.
Las medidas anti desahucio se prorrogan en 2024
En 2020 se impulsaron medidas para evitar la necesidad de extender los contratos que terminaran durante el periodo de confinamiento preventivo. En principio, esto comprendía una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler que vencieran a partir de marzo de 2020.
Las medidas permitieron que los inquilinos pudieran tener un lapso de tiempo extra en sus contratos para no tener que buscar un nuevo hogar ni negociar con el propietario cuando el distanciamiento social todavía era una prioridad entre las medidas para combatir el COVID-19.
Durante este periodo de seis meses, los propietarios no podían modificar el precio ni las condiciones del contrato de alquiler, lo que también les aseguraba la posibilidad de contar con ese ingreso cuando la movilidad estaba restringida y no había manera de mostrar la propiedad o firmar un contrato con un nuevo inquilino.
Si bien dichas medidas han sufrido modificaciones desde entonces, actualmente continúan vigentes y el Gobierno planea extender su aplicación durante 2024 para continuar protegiendo a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.
El seguro de alquiler: una alternativa para los propietarios
Los desahucios por impago son los más comunes del ámbito inmobiliario. Justamente por eso, las sentencias de desahucios han visto una caída significativa del 26 % durante el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, de los 7279 desahucios en el año, 5306 derivan de la falta de pago por parte del inquilino (datos del Consejo General del Poder Judicial).
Si bien la prórroga está orientada a la protección de los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad económica, esta también dificulta los procedimientos legítimos de recuperación de la vivienda y deja a los propietarios sin garantías respecto a su propia situación frente a la ocupación ilegítima de la vivienda.
Algunos sectores advierten que en estos casos los propietarios deben asumir no solo la pérdida del ingreso que ello supone, sino además costear procesos legales que pueden demorar hasta un año en el que pueden no disponer del usufructo de su propiedad. A esto se suma la obligación por parte del propietario de comunicar la decisión de no renovar el contrato que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos con cuatro meses de anticipación.
Dicha situación ha contribuido a que se encarezca el precio de los alquileres y que se vuelva una práctica común entre los propietarios contratar un seguro de alquiler para proteger su ingreso. En los casos en los que un inquilino adeude varios meses de alquiler, el propietario podrá contar con un ingreso por la cobertura del seguro y, dependiendo de las condiciones de su contratación, cubrir las costas legales del proceso de desahucio y su gestión judicial.
