El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido no unificar las acusaciones populares en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos relacionados con delitos fiscales que afectan a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En contraste con el caso Ábalos, donde las acusaciones fueron unificadas y solo el Partido Popular, como primera parte personada, puede asistir a los interrogatorios y recibir notificaciones, el juez que lleva la causa contra García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha argumentado que no es necesario unificar las acusaciones en este caso. En un auto reciente, el magistrado ha acordado mantener la representación y defensa separadas para las cuatro acusaciones populares que se han personado, debido a que tienen intereses diferentes.
Intereses Divergentes de las Acusaciones
El instructor ha señalado que, aunque existe una tendencia general a agrupar las acusaciones bajo una misma representación, esto no debe ser una regla sin un análisis detallado de cada caso. En la causa que involucra al fiscal general, dos de las acusaciones populares, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tienen intereses corporativos que no coinciden con los restantes. Por ello, el juez ha considerado que es necesario que estas dos acusaciones mantengan sus postulaciones de forma independiente.
En cuanto a las otras dos acusaciones, que corresponden al sindicato de funcionarios Manos Limpias y a la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el instructor no ha visto inconveniente en que continúen con su propia representación y defensa. Según su criterio, no hay una diferencia significativa entre que estas acusaciones sean una o dos, ya que su participación no perturbaría la correcta marcha del proceso judicial.
