Un grupo de bancos y asociaciones empresariales en Estados Unidos ha decidido demandar a la Reserva Federal (Fed) por la manera en que se llevan a cabo las pruebas de estrés anuales a las entidades bancarias. Esta acción legal, impulsada por el Instituto de Políticas Bancarias (BPI), que representa a grandes instituciones financieras como JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs, se enmarca dentro de una serie de preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad del proceso de evaluación de riesgos.
Las entidades demandantes no se oponen a las pruebas de estrés en sí, pero argumentan que el actual procedimiento es insuficiente y produce requisitos y restricciones en el capital bancario que son volátiles y poco claros. En este sentido, han señalado que el proceso debería someterse a un escrutinio público, tal y como exige la legislación federal.
Contexto de las Pruebas de Estrés
Las pruebas de estrés de la Fed son un ritual anual que obliga a los bancos a mantener reservas adecuadas para hacer frente a préstamos incobrables, así como a regular el volumen de recompra de acciones y dividendos. La Reserva Federal ha anunciado recientemente que está considerando realizar cambios significativos en estas pruebas, buscando mejorar la transparencia del proceso y reducir la volatilidad de los requisitos de capital resultantes.
Este anuncio se produce en un contexto donde la Fed reconoce un «paisaje legal en evolución», refiriéndose a modificaciones en las leyes administrativas en los últimos años. Sin embargo, no se han especificado cambios concretos en el marco de las pruebas de estrés. Aunque estas modificaciones podrían ser vistas como un avance por parte de los grandes bancos, existe la posibilidad de que no sean suficientes para abordar sus preocupaciones sobre los requisitos de capital que consideran excesivos y que podrían perjudicar el crecimiento económico y la capacidad de crédito.
Greg Baer, CEO del BPI, ha recibido el anuncio de la Fed como un primer paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también ha insinuado que se podrían considerar acciones adicionales para garantizar reformas que sean tanto legales como beneficiosas para la política económica.
Las inquietudes de grupos como el BPI y la Asociación de Banqueros Americanos sobre el proceso de pruebas de estrés no son nuevas. Estas entidades han criticado en ocasiones anteriores la falta de claridad del procedimiento, que aseguran ha llevado a reglas de capital más estrictas que obstaculizan el crédito bancario y, por ende, el crecimiento económico.
En julio pasado, los demandantes acusaron a la Fed de violar la Ley de Procedimiento Administrativo, no sólo por no buscar comentarios públicos sobre los escenarios de estrés, sino también por mantener en secreto los modelos de supervisión utilizados. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de un marco regulatorio que no solo sea efectivo, sino también transparente y accesible para todas las partes interesadas.
