El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de revocar la prohibición del presidente Joe Biden sobre la perforación offshore a lo largo de la mayor parte de la costa estadounidense, en un intento por reactivar la industria petrolera en el país. Durante una conferencia de prensa, Trump afirmó que su objetivo es revocar esta prohibición “desde el primer día” de su mandato, aunque reconoció que podría enfrentar un proceso legal para llevar a cabo esta reversión.
Contexto de la prohibición y la reacción de Trump
La prohibición impuesta por Biden abarca 625 millones de acres de océano, impidiendo la perforación de petróleo y gas a lo largo de las costas este y oeste, así como en el golfo de México y en el mar de Bering del norte de Alaska. Esta decisión se realizó a través de una disposición de la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior de 1953, que ha sido utilizada en el pasado para proteger las aguas de la perforación offshore.
Trump tiene experiencia en este tipo de iniciativas, ya que durante su primer mandato intentó emitir una orden ejecutiva para revertir la protección de aguas en el Ártico y el Atlántico establecida por el expresidente Barack Obama. Sin embargo, su intento fue declarado ilegal por un tribunal federal, lo que subraya las complicaciones legales que enfrenta su nueva propuesta, que también podría requerir una acción del Congreso, dado que el Partido Republicano cuenta con una mayoría ajustada en ambas cámaras del nuevo Congreso.
La industria energética en Estados Unidos ha sido un tema de debate constante, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad y las políticas medioambientales. La decisión de Biden de implementar esta prohibición ha sido recibida con escepticismo por parte de sectores que consideran que la explotación de recursos naturales es esencial para la independencia energética del país, así como para la creación de empleos. En este sentido, la postura de Trump puede ser vista como una respuesta a las preocupaciones de aquellos que abogan por un enfoque más liberal en la gestión de recursos energéticos.
El futuro de esta cuestión dependerá en gran medida de los movimientos legales y políticos que se desarrollen en los próximos meses, así como de la capacidad de Trump para movilizar su agenda en un Congreso que, aunque controlado por su partido, presenta desafíos significativos para la implementación de políticas controvertidas. En este contexto, es fundamental observar cómo se desarrollan las dinámicas entre la administración entrante y las decisiones previas que han marcado el debate sobre la energía en Estados Unidos.
