Apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentaran en su primer cara a cara del año en el Congreso, ambos líderes han viajado a Cataluña, aunque no han coincidido ni en persona ni en agenda. Mientras Sánchez ha centrado su discurso en la vivienda, uno de los principales retos asumidos por su gobierno, Feijóo ha optado por abordar cuestiones relacionadas con el sector primario, manifestando el respaldo de su partido a esta área clave de la economía.
Sánchez denuncia el «boicoteo de algunas administraciones» en torno a la Ley de Vivienda
Durante su visita a una promoción de viviendas de alquiler social asequible en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Sánchez estuvo acompañado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa. Desde este enclave, el presidente del Gobierno denunció el «boicoteo» que, a su juicio, ejercen algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en relación con la Ley de Vivienda. Según Sánchez, esta legislación «funciona» gracias a las herramientas que ofrece, subrayando que solo falta «voluntad» para su aplicación. Hizo un llamado a los gobiernos regionales para que la implementen «de una vez por todas», destacando que la Ley de Vivienda se enfrenta a la especulación y los fondos buitre.
Por su parte, Feijóo ha elegido Lleida para expresar su apoyo a los agricultores y ganaderos que podrían verse perjudicados por los aranceles que planea imponer la administración de Donald Trump. En su visita a una empresa hortofrutícola en Mollerussa, el líder del Partido Popular ha manifestado su preocupación por la política arancelaria y ha instado a trabajar «con inteligencia y diplomacia». Además, ha criticado la relación del Gobierno español con la nueva administración estadounidense, sugiriendo que el enfrentamiento del Gobierno de Sánchez con dicha administración no beneficia a los sectores afectados. En este contexto, Feijóo ha aprovechado para reiterar sus críticas a la política del Gobierno en materia de tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), acusándolo de hacer «política populista».
