El anuncio realizado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado lunes ha provocado un intenso debate en el ámbito político español. El Partido Popular ha expresado su firme oposición a la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, adelantando que votará en contra en la reunión programada para este miércoles. Desde el Gobierno, sin embargo, se muestran escépticos respecto a la posición de las regiones gobernadas por el PP, dudando de que estas voten en contra de una medida que, según argumentan, sería beneficiosa para todos.
Este asunto se originó a raíz de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PSC con Cataluña, en el que se contempla el perdón de más de 17 millones de euros en deuda. Posteriormente, Montero anunció que se extendería esta medida al resto de comunidades autónomas. El Ejecutivo tiene como objetivo condonar un total de 83.252 millones de euros a todas las comunidades, a excepción de Navarra y el País Vasco, con la finalidad de reforzar el estado de bienestar, dado que las autonomías son responsables de la prestación de servicios esenciales como educación, sanidad y vivienda.
Reacciones y posturas divergentes
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) será el escenario donde se debatirá esta medida el próximo miércoles. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la propuesta de «trampa injusta», argumentando que favorece únicamente a Cataluña y beneficia a aquellas comunidades que han incrementado su gasto y los impuestos. A pesar de que desde Moncloa se anticipa un voto en contra por parte del PP, existen dudas internas sobre si las comunidades bajo su dirección rechazarán una medida que podría resultarles ventajosa. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que esta decisión sería «inexplicable». Además, hizo referencia a declaraciones anteriores de la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España Reina, quien había mostrado su apoyo a una condonación en caso de que la deuda alcanzara los 17.000 millones de euros, dado que la deuda en Andalucía asciende a 18.791 millones.
