La situación de la inmigración en Canarias se ha convertido en un desafío complejo que, según las autoridades, no se resolverá en el corto plazo. En una reciente reunión entre la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha alcanzado un compromiso para continuar el diálogo, con el objetivo de abordar el traslado de 4.000 menores migrantes no acompañados desde el archipiélago a otras comunidades autónomas. Este encuentro también incluyó la discusión sobre el reparto de 500 menores que actualmente se encuentran en Ceuta.
Fernando Clavijo ha calificado la reunión como «fructífera» y ha destacado la receptividad de la vicepresidenta Montero, quien mostró una clara conciencia de la gravedad de la situación. Durante la conversación, Montero se comprometió a trabajar en la modificación legislativa que permita facilitar el proceso de redistribución de los menores migrantes. Canarias espera recibir orientación de la Abogacía del Estado sobre la forma en que debe llevarse a cabo esta modificación, ya sea a través de una proposición de ley o un decreto ley, así como sobre el número de migrantes que cada comunidad autónoma debe acoger, de acuerdo con los criterios previamente establecidos.
Financiación y apoyo político
Aún persisten interrogantes respecto a la financiación del proceso de reparto de los menores migrantes. Clavijo no ha proporcionado detalles concretos sobre la participación del Estado en los costos asociados, pero ha señalado que, aunque cada comunidad autónoma tiene asignadas determinadas plazas para atender a menores, existen «cupos extraordinarios» que requieren la intervención del Gobierno central. Además, se ha abordado la cuestión de las partidas presupuestarias anunciadas por el Gobierno, que todavía no han llegado a Canarias. Desde Moncloa se ha indicado que estas transferencias se concretarán antes de finalizar el mes de abril.
En el ámbito político, Clavijo ha comentado sobre las conversaciones mantenidas con el Partido Popular y Junts en el Congreso de los Diputados, afirmando que el PP mantiene una postura firme en su apoyo. Por su parte, el partido de Carles Puigdemont ha mostrado disposición a colaborar, siempre que el texto propuesto sea convincente para ellos. Esta apertura al diálogo entre diversas fuerzas políticas podría ser clave para avanzar en la solución de una problemática que afecta a numerosos menores en situación de vulnerabilidad.
