El Tribunal Supremo continúa con la investigación sobre los contratos públicos relacionados con Jessica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. En una reciente actuación, el juez Leopoldo Puente ha solicitado a las empresas públicas Ineco y Tragsatec que aclaren el proceso de contratación que llevó a la incorporación de Rodríguez. Asimismo, se ha requerido al Ministerio de Transportes que informe sobre los viajes oficiales realizados por Jessica junto a Ábalos y quién se hizo cargo de los gastos asociados.
Investigación sobre la posible contratación irregular
La causa en la que trabaja el magistrado Puente se centra en la presunta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia, vinculada al Ministerio de Transportes. En este contexto, se encuentran imputados Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, quien ha decidido colaborar con la investigación. El juez ha fijado un plazo de 15 días para que Ineco y Tragsatec envíen información detallada sobre la publicación de la vacante que ocupó Rodríguez, incluyendo la fecha y el canal utilizado para la oferta de empleo. Es relevante mencionar que Jessica ha declarado que fue incentivada por un tercero a presentar su currículum en una página web específica.
El juez Puente también ha solicitado información sobre el número de candidatos que se presentaron para el puesto y detalles del proceso de selección. Aunque no se requiere un perfil exhaustivo de los postulantes, se busca conocer si se llevaron a cabo entrevistas a los candidatos, en particular a Jessica, y quiénes fueron los responsables de realizar dichas entrevistas. Adicionalmente, se ha pedido el contrato de trabajo firmado con Jessica, especificando la fecha de su ingreso y salida de la empresa, así como las funciones asignadas y la persona a la que debía reportar.
En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, Jessica Rodríguez afirmó que trabajó durante dos años en Ineco y luego en Tragsatec, pero que no desempeñó ninguna función en ambos lugares. Esta declaración sorprendió al juez, quien le preguntó si realmente no había realizado ninguna tarea durante ese tiempo. A lo que ella respondió de manera contundente: «No». Esta situación ha planteado interrogantes sobre la naturaleza de su contratación y el uso de los recursos públicos durante su relación con el exministro.
