El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha decidido eliminar la obligación para las pequeñas empresas de informar sobre sus propietarios a la administración federal. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la saga del Corporate Transparency Act, que fue aprobado en 2021 con el objetivo de identificar a los propietarios de determinadas entidades y así combatir actividades criminales e ilícitas que se realizan a través de empresas fantasma opacas.
El cumplimiento de esta norma, que iba a entrar en vigor el 21 de marzo tras meses de retrasos judiciales, conllevaba sanciones financieras que podrían alcanzar miles de dólares en caso de incumplimiento. Sin embargo, la red de Prevención de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido una regla provisional que exime a todos los ciudadanos y empresas estadounidenses de esta obligación de informar. Esta medida, que se encuentra abierta a comentarios del público, será formalizada más adelante este año.
Un cambio de política significativo
Si esta regla se mantiene, representará un cambio notable respecto al propósito original de la Ley de Transparencia Corporativa y podría abrir una serie de lagunas legales que permitirían a criminales continuar con el blanqueo de dinero a través de entidades estadounidenses. Expertos legales advierten que «esto diluye absolutamente la norma», lo que podría facilitar la creación de empresas fantasma exentas de cualquier obligación de reporte.
En el primer año, se estima que aproximadamente 20,000 entidades estarán sujetas a este nuevo requisito de reporte, una cifra drásticamente inferior a los 32.6 millones que se esperaban inicialmente, incluidos corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada. Mientras que algunas empresas extranjeras que operan en EE.UU. aún tendrán que presentar informes, la mayoría de las empresas estadounidenses quedarán exentas.
Este cambio en la política se alinea con la directiva de desregulación del expresidente Donald Trump, que ya había suspendido la aplicación de esta norma a principios de mes. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, quien asumió su cargo en 2023, ha indicado que se ha reevaluado el equilibrio entre la utilidad de la recopilación de información sobre la propiedad y la carga regulatoria que implica.
Se ha señalado que los riesgos de finanzas ilícitas, las fuentes alternativas de información y la «carga» de la recopilación de datos han sido considerados, así como el interés público. Sin embargo, esta decisión ha suscitado preocupaciones en torno a la posibilidad de que criminales puedan eludir la ley de seguridad nacional simplemente estableciendo y operando empresas ficticias dentro del territorio estadounidense.
