Un juez federal de Estados Unidos ha emitido una orden de restricción temporal contra la decisión del expresidente Donald Trump de reducir el financiamiento a la Agencia de Medios Globales de EE. UU. (USAGM), que es la entidad responsable de financiar a Voice of America (VOA), un medio de comunicación que data de la Segunda Guerra Mundial. Esta acción se produce en medio de un contexto en el que la administración Trump busca reducir lo que considera «desperdicio federal» y alinear la ayuda exterior con su doctrina de «América Primero».
En marzo, Trump ordenó recortes significativos en la USAGM, que también afecta a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), otra entidad de la agencia que fue creada en la década de 1950 como una organización fachada de la CIA. La decisión provocó una reacción inmediata de los periodistas de VOA, sindicatos y organizaciones de libertad de prensa, quienes presentaron una demanda advirtiendo que la reducción de fondos causaría un «daño irreparable» a la emisora y pondría en riesgo a sus empleados extranjeros, quienes podrían enfrentar la deportación.
La respuesta judicial y las implicaciones del recorte
El juez James Paul Oetken, del distrito sur de Nueva York, prohibió a la USAGM implementar la orden de Trump, impidiendo la terminación de los contratos de aproximadamente 1,200 empleados de VOA que habían sido puestos en licencia. La decisión judicial también bloquea cualquier intento de la agencia de despedir, reducir personal o cerrar oficinas existentes.
Kari Lake, asesora de la USAGM nombrada por Trump, defendió los recortes, calificando a la agencia como «un gran deterioro y carga para el contribuyente estadounidense», argumentando que es «un riesgo para la seguridad nacional» y que está «irremediablemente rota». Esta postura ha generado un debate sobre el papel de los medios estatales en la promoción de los ideales democráticos de EE. UU. en el extranjero.
Además, Elon Musk, quien ha sido designado como «czar de la eficiencia gubernamental» por Trump, también ha abogado por el cierre de VOA y RFE/RL, argumentando que estos medios, que tuvieron relevancia durante la Guerra Fría, ya no son escuchados y representan un gasto innecesario de recursos públicos.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de los medios estatales en EE. UU. y su capacidad para operar en un entorno político cada vez más polarizado. La decisión del juez Oetken no solo protege a los empleados de VOA, sino que también subraya la importancia de la libertad de prensa y el papel que juegan estas organizaciones en la difusión de información en un mundo globalizado.
