El Parlamento de India ha aprobado recientemente el controvertido «Waqf Bill, 2025», que regula la gestión de los waqfs, o fideicomisos islámicos, en un contexto de creciente preocupación por los derechos de propiedad de la minoría musulmana del país. A pesar de las objeciones, el proyecto de ley fue respaldado por ambas cámaras legislativas, con 288 votos a favor y 232 en contra en la Lok Sabha (cámara baja) y 128 a 95 en la Rajya Sabha (cámara alta) tras dos días de debate.
Un waqf es una donación de bienes o activos bajo la ley islámica, destinada a fines benéficos, como la construcción de mezquitas, escuelas u hospitales. Una de las características clave de este tipo de donación es que, una vez establecido, no puede ser vendido, donado o heredado. La nueva legislación busca reformar la gestión de estas propiedades, asegurando la preservación de sitios patrimoniales y la protección de los derechos individuales de propiedad.
Principales cambios introducidos por el Waqf Bill
Entre las modificaciones más significativas que introduce el proyecto de ley se encuentran la reducción de la contribución obligatoria de las instituciones a los consejos de waqf del 7% al 5%, la obligación de auditorías para las instituciones de waqf que generen más de 1.200 dólares anuales, la creación de un portal centralizado para la gestión automatizada de propiedades y la inclusión de mujeres y huérfanos en la herencia de waqf.
El Primer Ministro indio, Narendra Modi, calificó la aprobación del proyecto de ley como un «momento histórico» que beneficiará a aquellos que han estado «marginados» y cuyas voces han sido ignoradas. Esta afirmación se enmarca en un contexto en el que, según un informe de 2006 de la Comisión Sachar, se recomendó una reforma integral de los consejos de waqf para aumentar los ingresos de la comunidad musulmana, que representa aproximadamente el 13% de la población india.
Sin embargo, la aprobación del Waqf Bill no ha estado exenta de críticas. Grupos musulmanes han expresado su preocupación por que las políticas del gobierno desde 2014 han sido discriminatorias hacia su religión, alimentando la violencia sectaria y la demolición de propiedades. Mallikarjun Kharge, líder de la oposición en la Rajya Sabha, ha calificado el proyecto de ley de «inconstitucional» y ha advertido que el gobierno está intentando «sembrar semillas de conflicto» al reprimir a los musulmanes, instando a mantener la paz y la armonía en el país.
Con la proyección de que India podría tener la mayor población musulmana del mundo para 2050, la comunidad musulmana enfrenta desafíos significativos en áreas como la educación, el empleo y la representación política. La reciente legislación podría tener un impacto profundo en la gestión de sus bienes y derechos, en un momento en que la cohesión social es más crucial que nunca.
