El uso de las redes sociales entre los jóvenes se ha convertido en un tema de debate crucial en la actualidad. En Australia, aproximadamente el 98% de los adolescentes de 15 años utilizan plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram. Estas redes no solo sirven como un medio de conexión con amigos, sino que también son espacios donde los jóvenes exploran sus identidades, buscan información y apoyan sus luchas con la salud mental. Sin embargo, el gobierno federal australiano ha decidido prohibir el acceso a estas plataformas para menores de 16 años, en un intento por abordar las preocupaciones sobre la salud mental de los jóvenes.
Es innegable que las redes sociales presentan riesgos. Entre ellos se encuentran el ciberacoso, la exposición a contenidos relacionados con trastornos alimentarios o autolesiones, y la propagación de discursos de odio. Además, el tiempo excesivo que los jóvenes pasan desplazándose por estas plataformas, también conocido como «doomscrolling», se ha convertido en un problema alarmante. No obstante, la cuestión que surge es si realmente la prohibición es la respuesta adecuada. Un análisis de 70 informes de expertos de Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá sugiere que una prohibición podría no abordar los problemas fundamentales.
Un enfoque más coordinado
La evaluación general indica que se necesita una respuesta más reflexiva en lugar de una simple prohibición. Un enfoque coordinado entre gobiernos, reguladores, empresas tecnológicas y los propios jóvenes es fundamental para abordar la salud mental juvenil y la seguridad en línea. En lugar de eliminar por completo el acceso a las redes sociales, sería más productivo desarrollar mecanismos que hagan estas plataformas más seguras para los usuarios.
Uno de los aspectos más urgentes es la moderación de contenidos. Los jóvenes informan con frecuencia que están expuestos a contenidos dañinos y no apropiados para su edad en las redes sociales, mientras que muchas plataformas han reemplazado a los moderadores humanos por sistemas de inteligencia artificial más económicos. Si bien los procesos automatizados tienen su lugar, los expertos coinciden en la importancia de contar con moderadores humanos que puedan gestionar y filtrar adecuadamente el contenido.
Otro aspecto a considerar es la recolección y uso de datos de los usuarios. Las plataformas tecnológicas han construido su modelo de negocio en torno al compromiso de los usuarios y los ingresos publicitarios, lo que implica una gran acumulación de datos personales para ofrecer feeds altamente personalizados. Muchos expertos abogan por una regulación más estricta en torno a la utilización de datos de menores, especialmente en relación con publicidad que promueve dietas, suplementos no regulados y procedimientos estéticos, contenidos que a menudo aparecen en un flujo interminable intercalado con material no perjudicial.
Además, es crucial que las redes sociales se diseñen desde el principio para prevenir daños a los usuarios. Esto podría implicar la eliminación de funciones «adictivas» como el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes y los videos que se reproducen automáticamente. Los reguladores deben contar con las herramientas y el poder necesarios para responsabilizar a las plataformas, lo que incluye sanciones financieras y la exigencia de informes más transparentes de las grandes empresas tecnológicas.
Si bien algunos informes sugieren la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, los expertos han cuestionado la viabilidad de la tecnología de verificación de edad y han expresado preocupaciones sobre la privacidad. El gobierno australiano ha delegado la responsabilidad de implementar esta verificación en las propias empresas de redes sociales, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas que se tomarán. La posibilidad de utilizar reconocimiento facial o verificaciones de identidad digital suscita serias inquietudes sobre la privacidad de los usuarios.
Además, es importante reconocer que muchas jóvenes encuentran en las redes sociales un apoyo y comunidades importantes. La eliminación de estas plataformas podría aumentar los riesgos para su salud mental. Un enfoque de prohibición, aunque suene decisivo, plantea su propio conjunto de preguntas: en ausencia de redes sociales, ¿dónde acudirán los jóvenes que cuestionan su identidad sexual o de género en busca de información y apoyo? ¿Qué significaría una prohibición para aquellos jóvenes que utilizan las redes para informarse sobre noticias?
Lo que se necesita es un diálogo más inclusivo que tome en cuenta las opiniones de los jóvenes, quienes tienen perspectivas valiosas sobre lo que funciona y lo que no. Una prohibición general no solo no haría más seguras las plataformas, sino que podría retrasar problemas y exponer a los jóvenes a un torrente de daño al acceder a las redes sociales al cumplir 16 años. La preocupación por la salud mental de los jóvenes es legítima, pero sin un enfoque más amplio y reflexivo hacia la seguridad en línea, el riesgo de hacer más daño que bien es alto.
