Decía Eduardo Galeano que en el gran teatro del bien y del mal, configurado por los medios de comunicación, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios y que Hugo Chávez (y por extensión todo lo que huele a chavismo) era uno de los principales demonios, un dictador.
Los grandes medios de masas españoles siempre han reproducido el mensaje de que la Venezuela chavista es una brutal y despiadada dictadura. Por si fuera poco, desde la irrupción de Podemos en el panorama político, el miedo de muchos a perder su poltrona ha provocado que la intensidad y frecuencia de dicho mensaje no hayan dejado de aumentar. Raro es el día que no oímos hablar de Venezuela en las noticias o en las mal llamadas tertulias políticas. Sin embargo, existen una serie de cosas que los ciudadanos venezolanos pueden hacer a pesar de vivir bajo el yugo de una supuesta dictadura, y que los españoles no podemos, aún viviendo en una democracia avanzada, como la llaman algunos.
1) Revocar un cargo público, incluido el presidente del gobierno.
Esta posibilidad se incluyó cuando Chávez llegó al poder tras aprobarse mediante un referéndum popular. El artículo 72 de la Constitución venezolana establece la posibilidad de echar a cualquier cargo del Gobierno una vez transcurrido la mitad de su mandato si el pueblo lo aprueba en un referéndum. ¿Os imagináis que en España se pudiese convocar una votación para decidir si Rajoy debe seguir como presidente o no? Pues nuestra democracia no lo contempla. Qué cosas. De hecho, en 2004, la oposición venezolana utilizó esta herramienta para intentar echar a Chávez pero perdió la votación (el 58% quiso que Chávez siguiera como presidente). Esta posibilidad de revocar al presidente, además de las 18 elecciones que ha ganado el chavismo en los últimos años, hace que la oposición, que siempre clama que el pueblo venezolano está harto del chavismo, no tenga credibilidad alguna.
2) Convocar un referéndum vinculante.
En Venezuela, a pesar de la supuesta dictadura imperante, existen varios tipos de referéndum que el ciudadano puede convocar si consigue un mínimo de firmas estipulado (10% de electores/as inscritos/as en el registro civil y electoral para el referéndum consultivo; el 20% para el revocatorio, etc). Además, los resultados de estos referéndums, exceptuando el consultivo, además de las Iniciativas Legislativas y demás mecanismos, son de carácter vinculante. Esto significa que si se aprueba cambiar o quitar una ley mediante referéndum, el gobierno no puede negarse a hacerlo aunque esté en contra. Debe cumplir porque el pueblo así lo decidió democráticamente. Por ejemplo, en 2007, el gobierno quiso introducir cambios en la Constitución, estos se sometieron a un referéndum y ganó, por muy poco, el no, por lo que el gobierno de Chávez tuvo que echarse atrás y no llevar a cabo dichas reformas. ¿Qué dictadura hubiese obrado de tal manera? ¿Cuándo nos han consultado en España sobre las reformas de la Constitución? Desde que Chávez llegara al poder (1999) se han celebrado seis referéndums (el constituyente de 1999, los constitucionales de 1999, 2007 y 2009 o el revocatorio convocado por la oposición de 2004 entre otros). Además, el chavismo ganó 17 de los 18 procesos electorales realizados durante los últimos 15 años, todos ellos bajo la supervisión de organismos internacionales como la ONU y de diversas personalidades.
El propio Jimmy Carter, ex presidente de EEUU (poco sospechoso de apoyar al chavismo), expresó, tras ser observador internacional en unas elecciones, que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo. En España, sin embargo, no es tan fácil celebrar un referéndum. Para empezar, el pueblo no puede convocarlo, sólo puede hacerlo el Presidente del Gobierno. Además, no son vinculantes. Por otro lado, tenemos la figura de la Iniciativa Legislativa Popular, que pueden iniciarla los ciudadanos si recogen un número determinado de firmas en un tiempo concreto. El problema es que, tras la recogida de firmas, el Parlamento puede decidir no tramitarla o cambiar dicha ILP a su antojo. Esto le sucedió a la PAH con la ILP en la que pedían la dación en pago. Tras su paso por el Parlamento, esta quedó tan desvirtuada que la propia PAH decidió retirarla. Esto significa que los ciudadanos no tenemos poder para participar en la vida política cotidiana de nuestro país, algo profundamente antidemocrático. Lo único que podemos hacer es votar una vez cada cuatro años a nuestros representantes para que después hagan lo que quieran ya que ni siquiera tienen la obligación de cumplir sus programas electorales. Desde la entrada de la democracia en 1978 sólo se han celebrado tres referéndums: para ratificar la actual Constitución, para entrar en la OTAN y sobre la Constitución Europea.
3) Llamar a un golpe de estado o a matar al presidente en los medios de comunicación.
Imaginemos por un momento que un grupo de militares y empresarios diesen un golpe de estado en España, secuestrando al presidente y disolviendo el Congreso y las demás instituciones democráticas. Imaginemos que una serie de medios apoyasen a esos golpistas pero que, al día siguiente, decenas de miles de ciudadanos rodearan el lugar en el que se encuentran los golpistas, obligándolos a escapar en helicóptero y a liberar al presidente electo.
¿Qué les sucedería a los dueños de los medios que apoyaron a los golpistas una vez abortado el golpe de estado? En España serían juzgados y enviados a prisión, en EEUU sentenciados a muerte y todo el mundo lo aceptaría debido a la gravedad de los delitos. Pues esa historia aparentemente inventada sucedió en el año 2002 en Venezuela. ¿Qué les pasó a los dueños de esos medios? Nada. Nunca fueron encausados ni juzgados por cooperar con los golpistas. El caso de la cadena RCTV fue muy polémico años después, especialmente por la manipulación del caso por parte de los medios españoles. Esta cadena apoyó a los golpistas en 2002 y no fue sancionada ni clausurada en aquel momento. Lo que hizo el gobierno fue no renovar la licencia de la cadena para seguir utilizando el espacio del espectro electromagnético, el cual es de propiedad pública. No cerró la emisora, como dijeron los medios españoles, de hecho esta sigue existiendo hoy, pero emite en canales de pago. La licencia de RCTV caducó en 2007, lo que significa que un canal que apoyó un golpe de estado pudo seguir emitiendo en una frecuencia pública tranquilamente durante cinco años, algo impensable en cualquier otro país. Pero los medios opositores venezolanos, los cuales son mayoría a pesar de lo que se suele decir, van más allá. Decía Jorge Verstrynge en Intereconomía que en el tiempo que él estuvo en Venezuela detectó 12 llamamientos al magnicidio contra Chávez en los medios y que nunca fueron encausados por nada. ¿Os imagináis qué le sucedería a los dueños de un medio de comunicación español que llamara a asesinar a Rajoy o al rey y a dar un golpe de estado? Recordemos que en nuestro país, unos jóvenes fueron multados por componer una canción cuya letra era ofensiva para el rey, se han detenido a tuiteros por mucho menos y algunos medios han denunciado presiones del gobierno para no inviten a ciertos partidos políticos a sus programas. Además, algunas reformas de Rajoy están siendo vistas como un recorte de las libertades democráticas básicas por organismos internacionales. Por otro lado, es obvio que Venezuela tiene muchos problemas y ha de mejorar en muchos aspectos, como todos los países del mundo. No pretendo ensalzar a Venezuela como el país perfecto, simplemente porque ese país no existe.
Tampoco creo que España pueda dar lecciones de democracia, después de los ejemplos citados. Lo único que pretendo poner de manifiesto es que es necesario que nos demos cuenta de que la información que aparece en televisión ha pasado por un filtro ideológico concreto, que no se trata de información objetiva. Esta siempre tiene un interés detrás, el interés del dueño del medio de comunicación, normalmente contrarios a los de la mayoría popular. Por eso los medios nunca hablan de cómo la pobreza hoy en Venezuela se ha reducido a niveles nunca vistos o de la sanidad, viviendas y educación gratuitas que hoy tienen millones de personas gracias a Chávez. Sólo hablan de corrupción e inflación, elementos que ya existían incluso en mayor grado en los gobiernos anteriores a Chávez, o de represión policial, mientras obvian casos como el Caracazo, donde la policía al servicio del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, favorable a EEUU, asesinó, según la versión oficial, a más de 300 personas, aunque otras versiones hablan de entre 2.000 y 3.000 asesinados. Si olvidamos que los medios tienen dueños con intereses concretos, corremos el riesgo de acabar poniéndonos de parte del opresor y culpando a los oprimidos o, en este caso, llamar dictadura a países con mecanismos democráticos con los que nuestro país no cuenta.
